Columna: La Divisa del Poder Adrián Trejo www.24-horas.mx
Imagine, por un momento, que le roban el teléfono celular y usted no se da cuenta hasta dos horas después.
En ese lapso, desde su teléfono se hicieron llamadas de extorsión, se contactó a la familia de un secuestrado o un grupo de narcos se puso de acuerdo para entregar su mercancía en algún lugar.
Usted no sabe nada; no tiene que ver con el tema.
Pero, de acuerdo al nuevo “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”, aprobado ayer por los diputados, usted es el responsable de todos y cada uno de los delitos que se cometan con la línea telefónica a su nombre. No se puede negar que la intención de los diputados es buena, crear un padrón para proteger a los mexicanos con celular de delitos como el robo de identidad, la extorsión y el secuestro.
Exactamente este mismo padrón se intentó establecer, sin éxito, hace unos años.
Fracasó por sus limitaciones y porque, al final de cuentas, no representa la solución a esos problemas.
Las extorsiones, está comprobado, ocurren generalmente desde los reclusorios de toda la república.
¿No es más sencillo bloquear las señales de los celulares, como se había propuesto? ¿Por qué siguen saliendo llamadas de celulares desde los reclusorios pese a que, desde hace algunos años, según se instalaron bloqueos de señal?
Si sigue ocurriendo es con el aval de las autoridades penitenciarias.
El nuevo padrón obliga a las empresas de telefonía móvil a recabar todos los datos del contratante, incluyendo sus datos biométricos que en las manos equivocadas podrían generar auténticas desgracias.
Los diputados garantizan que los datos personales de los millones de mexicanos con celular están protegidos por la ley.
Lo mismo decían del padrón electoral y lo podía comprar por internet en 10,000 pesos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que fijar las reglas de operación de este bodrio pero, ojalá recapaciten como la primera vez.
Comprometer la privacidad de los mexicanos, que ya tienen que proporcionar sus datos biométricos a una nueva cédula de identidad -con la credencial del INE no les basta- a un padrón telefónico no es la mejor solución para combatir a la delincuencia.
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La periodista Judith Valenzuela tuvo que hacerse presente en la conferencia mañanera del presidente López Obrador para pedir justicia.
Como ella explicó, su hijo recibió una sentencia de 13 años de prisión -no especificó el motivo- pero han pasado ya 16 años, es decir, tres más de los que tenía que pagar y no ha sido liberado.
Valenzuela denunció que su hijo fue torturado, lo cual ya quedó demostrado con la aplicación del Protocolo de Estambul; denunciólas irregularidades del caso que involucran lo mismo a dos jueces que a los ministeriales que torturaron a su hijo y quizá sea ello lo que ha impedido la libertad de su hijo.
El Presidente fue receptivo a la petición y prometió a la madre -antes que periodista- tener una solución el lunes próximo.
El caso sirve para evidenciar las viejas prácticas que siguen ocurriendo en las instituciones impartidoras de justicia en el país. Veremos el lunes.
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La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Consulta Popular para establecer que este ejercicio se realice una vez al año, el primer domingo de agosto.
Los temas a consultar son variados y de orden nacional y local.
Sin embargo, esta reforma precisa, clarifica, que los cargos de elección popular no son sujetos de consulta.
Es decir, si usted pensaba que a través de una consulta como la que se hará el año próximo para enjuiciar o no a los expresidentes se puede decidir la permanencia en el cargo del Presidente de la República, se equivoca.
