Columna: Astillero Julio Hernández López La Jornada
El primer golpe es el político y parece contundente: el cantor colaborativo, Emilio Lozoya Austin, colocó en las marquesinas del escándalo a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, al ya de por sí desfalleciente partido de los tres, el Revolucionario Institucional (PRI), al Instituto Federal Electoral (que cambió Nacional por Federal: INE, en lugar de IFE) y a las cacareadas reformas peñistas presuntamente estratégicas.
El Tribunal de la Opinión Pública bien podría emitir una sentencia sumaria: la campaña electoral priísta de 2012 fue financiada con dinero proveniente de actos corruptos. Lo había dicho el propio Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2012: Nos han robado dos veces la Presidencia de la República (…) Ahora fue a billetazos. Peña Nieto no ganó, compraron la Presidencia (https://bit.ly/33QrG32). Gustavo Madero, entonces presidente del Partido Acción Nacional, tuiteó en enero de 2013: Próximamente quedará claro que el PRI sí ganó a billetazos, como denunció oportunamente el PAN ante el IFE.
Y de esa construcción corrupta del poder público, de la representación popular, se derivaron los seis años de consecuente corrupción sistémica y hundimiento del país: los pactos sucios contra México, la limpieza electoral, la oposición simulatoria (Chuchos, panistas y Verdes bien aceitados) y las reformas estratégicas a comisión, sobre todo la energética.
En el paquete acusatorio del alegre tenor Lozoya se ha incluido también lo relacionado con Etileno XXI, con dedicatoria al retador Felipe Calderón Hinojosa. Y en las cartas marcadas de los legisladores embarrados de dinero para obtener votos, según el mencionado Lozoya, estarían un diputado y cinco senadores que en aquella fecha vestían de blanco y azul. En diversas versiones mediáticas se habla con insistencia de Ricardo Anaya, entonces en San Lázaro, y de los entonces senadores Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas y José Luis Lavalle (relacionados políticamente con Calderón Hinojosa) y los ahora gobernadores Francisco Domínguez Servién (Querétaro) y Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas).
Pero falta el segundo golpe, el netamente judicial: el proceso y las consecuencias. Este se llevará más tiempo que las fulguraciones de hoy (podrían ser hasta seis meses, para desembocar a finales de enero o principios de febrero, ya en plena turbulencia electoral). Y podría no ser tan aparatoso ni amplio. El tres de mayo de 2019, el fiscal especializado en delitos electorales, Valdemar González Ramírez, suscribió el acuerdo en el que establece la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012 ( Foro Jurídico: https://bit.ly/3aiLUnm), lo cual fue acatado y aplicado por la juez federal Luz María Ortega Tlapa.
Conforme a ese acuerdo, ni Peña Nieto ni el PRI pueden ser ya castigados por los delitos electorales que hubieran cometido en 2012. Habrá de verse si otros hechos mantienen vigencia respecto a Peña y Videgaray e incluso si otros más antiguos, como los relacionados con Etileno XXI, pueden alcanzar a Calderón Hinojosa. Por lo pronto, en el terreno político y mediático lo anunciado ayer es una bomba que impacta los edificios políticos del peñismo, el calderonismo, la autoridad electoral y las reformas estratégicas. Pero habrá de verse si este primer golpe aparatoso tiene una secuencia judicial de la misma magnitud.
Por otra parte, horas antes de que el fiscal Alejandro Gertz Manero apareciera para dar su adelanto del caso Lozoya ocurrieron dos casos criminales: el asesinato en Toluca de Luis Miranda Cardoso, padre del compadre de Peña, Luis Miranda Nava, quien fue subsecretario de Gobernación y titular de Sedesol, y la detención del primero de los ex funcionarios de áreas policiacas relacionadas con Miguel Ángel Osorio Chong. ¡Hasta mañana!
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