La Jornada Maya/Abraham Bote Foto: Fernando Eloy
Líderes y organizaciones indígenas indicaron que han interpuesto dos recursos de amparo y quejas ante instancias judiciales contra cinco megaproyectos, entre ellos el Tren Maya, por violaciones a los derechos humanos y otras irregularidades.
Una de ellas fue al Juzgado Décimo Quinto del Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México y una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el folio P-1690-20.
También expusieron, durante la conferencia virtual: Recursos legales contra los megaproyectos violatorios a los Derechos Humanos, que las leyes en el país están construidas desde una perspectiva occidental, para favorecer intereses empresariales y no contemplan la forma de vivir y decidir de los pueblos originarios.
En específico se habló sobre los cinco megaproyectos insignia del gobierno federal: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Proyecto Integral Morelos.
Víctor Caballero Sierra, integrante de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal del Concejo Indígena de Gobierno, informó que el pasado viernes se interpusieron dos recursos legales en contra de estos megaproyectos, pues presentan “graves violaciones y afectaciones a los derechos humanos”, al medio ambiente, al patrimonio arqueológico e histórico y porque “además de consultar a los pueblos indígenas, estas obras también debieron ser materia y consulta para todas y todos los mexicanos”.
Una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Décimo Quinto del Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el fin de que los jueces hagan una valoración para determinaron si los actos de las autoridades o leyes son violatorias a los Derechos Humanos y el otro fue ante la CIDH.
Para el activista, una de las violaciones que se dieron fue la del derecho a ser consultados para la realización del algún acto que impacte la vida nacional, otro agravio fue el que se dio con las consultas “simuladas” que se llevaron a cabo en diversos puntos del país; otra afectación que consideran son daños al medio ambiente.
También se impugna a la parte administrativa de los megaproyectos pues se violaron normas del procedimiento en lo relacionado al uso de suelo, permisos de construcción, entre otras. En cuanto al Tren Maya, indicó, “existe toda una restructura que rodea a la obra que va a afectar hábitats, ecosistemas, y patrimonio histórico y arqueológico de la región”.
A su vez, dijo que estos proyectos van a generar empleos pero en el área de servicio, precarizados, con salarios mínimos, “que tampoco aporta mucho al desarrollo del país”.
Leyes no favorecen a pueblo indígenas
“Un tren no va a resolver nuestros problemas, queremos convivir sanamente, queremos nuestra tierra, bosques, animales y queremos tomar decisiones sobre nuestro propio desarrollo, que no nos sigan tratando como estúpidos”; sentenció Pedro Uc, miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal.
Este tipo de proyectos, de acuerdo con el defensor, son desarrollos que promueven la “muerte de los pueblos indígenas”. Indicó que el Tren Maya atenta contra la vida de los pueblos indígenas, “es un proyecto pensado, diseñado e ideado por otros intereses que no son los nuestros, de los indígenas de esta península”, subrayó.
Sin embargo, indicó que la vía jurídica no significa mucho para los pueblos indígenas y mayas, “no es nuestra gran esperanza”; reconoce, pues está consciente de que las leyes están hechas, construidas desde una perspectiva y una visión occidental, y que “en ningún momento considera las formas de convivencia y en la que nosotros vivimos y existimos”.
Un reflejo de esto, agregó, es que no existen jueces indígenas en el Poder Judicial. “No nos sentimos representados, no hay ningún juez que pueda entender lo nuestro, porque no sabe y desconoce la forma como nosotros vivimos, convivimos y resolvemos nuestros problemas”, precisó.
Además, señaló que las leyes están diseñadas por las mismas empresas despojadoras, ligadas a los diputados; quienes facilitan las leyes y normas que necesitan para que “el despojo se convierta en un acto legal en el que nosotros no podamos defendernos porque tienen las ventajas jurídicas”.
