Columna: Alma Grande. Ángel Álvaro Peña.
Los que callaron por muchos años los excesos de los presidentes del PRI y del PAN, ahora lo denuncian como una arbitrariedad sin precedentes en la historia de México.
No sabemos si se debe a la falta de memoria o a exceso de intereses. Pero así sucede, y todos los días. La oposición, o lo más cercano a esa definición, considera que es anticonstitucional otorgar mayor poder al jefe del Ejecutivo, cuando los críticos que ahora se desgarran las vestiduras porque se trata de crear una alternativa ágil para tiempos de emergencia antes no sólo lo permitían, sino que eran cómplices de los excesos de este tipo de atribuciones extraordinarias.
Los coordinadores de los diputados y senadores del PAN, y algunos del tricolor, insultando la memoria de los mexicanos, se oponen públicamente a los cambios que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para atender la crisis económica por el Covid-19.
Si estas atribuciones las aprueban los diputados no hay inconstitucionalidad. La razón es muy sencilla: son tiempos difíciles, de crisis. Para ofrecer soluciones rápidas a lo que pueda venir, debe haber un mecanismo ágil para tomar decisiones.
Estamos en las mismas condiciones de una guerra, sólo que aquí el enemigo es una enfermedad y no hay enemigos, por lo menos armados. Porque el enemigo está adentro, como puede verse cuando los medios arremeten sistemáticamente a pesar de la situación crítica que vive México.
Las consecuencias que arrojará el coronavirus son las mismas que las de una guerra intensa y real: miles de muertos, miles de huérfanos, la economía caída, pobreza creciente, etc. Es por ello que las decisiones deben tomarse de manera ágil, y no las tomaría un Presidente que ganó por un reducido margen de votos ante su competidor más cercano, sino un líder que ganó las elecciones sin duda alguna y por muy amplio margen.
Viviendo en el pasado, como les sucede a los panistas, el líder nacional del blanquiazul afirma que el Presidente de la República “…Lo que quiere es gastarse el dinero del pueblo sin que nadie le cuide las manos”, eso lo hicieron Calderón, Fox, Peña Nieto, Salinas, Zedillo, etc.
El rigor de los actuales gastos del Gobierno es transparente, de otra manera Marko Cortés sería el primero en denunciarlo, y mostraría pruebas, aunque fueran apócrifas, como los documentos que mostró en los debates televisivos el candidato de ese partido, Ricardo Anaya.
El pasado jueves 23 de abril, López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contemple que, en caso de “emergencia económica”, el Ejecutivo pueda modificar el destino de los recursos aprobados por los legisladores.
Por esto es el escándalo que quieren denunciar hasta en foros internacionales. Es decir, no es para tanto, porque está delimitado el destino de cada peso, sujeto a comprobación y con la debida transparencia, no como se hacía en el pasado y los críticos de los medios callaron y los actuales dirigentes partidistas y sus legisladores lo permitieron con su silencio.
Si hubiera opacidad el pueblo debe reclamarlo a través de los líderes de los partidos, pero ahora que no sucede nada, son los líderes que reclaman lo que consideran que sus representados pueden pensar. Es decir, son adivinos. Ellos representan, no son autónomos.
