El instrumento acelera autorizaciones de permisos, pero no exime al organismo de cumplir con los requisitos legales, los que se solventarán de forma “impecable”, asevera Rogelio Jiménez
El Economista/Alejandro de la Rosa
El acuerdo Presidencial para acelerar dictámenes, permisos o licencias requeridos e iniciar obras de infraestructura permitirá un mayor avance en la construcción del Tren Maya, que ya presenta un retraso estimado de cinco meses, y no exime al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de cumplir en tiempo y forma con las leyes y reglamentos establecidos, aseguró su director Rogelio Jiménez Pons.
Aunque precisó que eso no implica que se pueda terminar todo el proyecto antes de diciembre del 2023, porque únicamente hay impacto en la obra civil y el material rodante responde a tiempos técnicos de fabricación.
“Se han hecho muchos procesos burocráticos en los últimos 30, 40 años que son injustificables en tiempo. Entendemos perfectamente cuando el sector privado se queja de eso. Son parte del elefante reumático que hay que mover, pero no tiene nada que ver con la falta de transparencia, estamos obligados a rendir cuentas”, aseguró.
Luego de participar en la inauguración de una feria de proveedores de Alstom, líder del consorcio fabricante de los trenes, dijo que cualquier ganancia de tiempo en un proceso constructivo es fundamental para el tren, porque hay muchos trámites que, desde su punto de vista, se pueden acortar.
Con el acuerdo Presidencial, desde el lunes las dependencias federales tienen cinco días hábiles para dar la autorización que corresponda (ambiental, arqueológica, de uso de suelo, entre otras) de manera provisional y 12 meses para dar la definitiva.
Sin embargo, los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) han manifestado su desacuerdo con acelerar de esa manera los inicios de una obra y no atender a los tiempos técnicos que están vigentes.
Con el acuerdo se podrá, por ejemplo, autorizar ya la manifestación de impacto ambiental (MIA) del tramo 4, que presentaron el mes pasado y en situación normal tardaría seis meses.
¿Qué pasará si construyen y después la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dice: estaba mal la MIA?
Los constructores ven riesgo en eso, se le preguntó a Jiménez Pons. – Los riesgos son de nosotros como dependencia. Tenemos que ser redundantes por esas exigencias. Habrá mayor nivel de detalle que tenemos que aumentar en esos 12 meses para cumplir sobradamente la ley, los pagos- reparaciones ambientales.
Sabemos que será con escrutinio muy fuerte la revisión, pero nos da tiempo de hacerlo correctamente y no estorbarle a los ritmos de obra. Hay que garantizar que la obra se termine y toda la tramitología esté impecable.
Principales permisos
El titular del Fonatur mencionó que son múltiples los permisos y autorizaciones relacionadas con el Tren Maya, aunque considera los temas ambientales, las asambleas comunitarias o los temas arqueológicos como los principales factores de retraso. Un ejemplo: un estudio técnico justificativo (en el cual el interesado debe presentar junto con la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la autoridad competente de la Semarnat) que se requiere por un cambio de trazo sobre la marcha.
Para tener respuesta hay que esperar 45 días hábiles
En el Tren Maya, apenas el mes pasado se presentó la MIA del tramo 4 (las de los primeros tres tramos ya están autorizadas) y todavía faltan las de los tramos 5, 6 y 7, los dos últimos serán construidos por ingenieros militares.
“El chiste es que nos liberen los tramos, que tengamos cinco días de integración y empecemos a trabajar, porque de repente tú integras todo y así como está la ley (ambiental) te da 45 días hábiles para responder y hay cambios que se tienen que hacer sobre la marcha. Imaginen que de repente está definido el trazo, que nos pasa, y hay un hallazgo arqueológico o un problema de subsuelo, entonces tenemos que hacer rectificaciones y nos toma más tiempo. Si a eso le sumas la tramitología los tiempos se nos van y crea mucha incertidumbre”, explicó.
Acuerdo viola derecho al medio ambiente sano: CEMDA
A contracorriente del optimismo del Fonatur sobre las facilidades que le daría el acuerdo presidencia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una ONG que ha respaldado acciones legales contra el Tren Maya por considerarla lesiva para el ecosistema, afirmó que el acuerdo presidencial es una violación al derecho humano a un medio ambiente sano ya que transgrede los principios de no regresión, prevención, precaución y justicia intrageneracional.
Lo anterior, ya que “al ignorar los procedimientos y obligar al otorgamiento de los permisos, licencias y dictámenes se omite la valoración de los impactos y daños ambientales que puedan generar las obras y proyectos, sin establecer las medidas de reparación y mitigación adecuadas. Esto deja en estado de vulnerabilidad a los ecosistemas, servicios ambientales, así como a las personas y comunidades que dependen de éstos”.
