La situación de los migrantes hondureños en medio de la pandemia es acuciante. Pero los Estados no los protegen, ni crean políticas que los ayuden a permanecer en su país. Organismos de DD.HH. piden soluciones
dw.com Foto: Joseph Amaya/Reuters
Son escenas que impactan, sobre todo en un mundo en pandemia: una caravana de unos 9.000 hondureños marcha hacia Guatemala en dirección a Estados Unidos. Cerca de 6.000 de ellos logra cruzar el punto fronterizo de El Florido, en Camotán, Guatemala, y allí son frenados a golpes de palos y con gas lacrimógeno por efectivos del ejército guatemalteco. Entre los migrantes hay mujeres y niños. Algunos logran traspasar los cordones de las fuerzas de seguridad y siguen avanzando, dejando sus escasas pertenencias tiradas en el camino. Ahora, México refuerza el blindaje de su frontera en Chiapas, y en el Puente Internacional Rodolfo Robles, entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán. La Guardia Nacional mexicana desplegó sus soldados a orillas del río Suchiate, en la frontera sur del país, para impedir la llegada de más migrantes.
Las razones para inmigración ilegal desde Honduras son conocidas: la violencia, la pobreza -exacerbada por dos huracanes, Eta e Iota, que devastaron el país en 2020-, la corrupción ingente en el gobierno y el caos en el manejo de la pandemia de coronavirus en ese país. En Honduras se registran a la fecha (18.01.2020) 3.354 muertos por COVID-19, y 143.111 contagios. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y su hermano están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Atraídos por el cambio de administración en Estados Unidos, y la posibilidad de un giro en las políticas migratorias bajo el gobierno de Joe Biden, miles de hondureños tomaron, una vez más, la decisión de abandonar su país en busca de mejores condiciones de trabajo, salud y educación.
Las autoridades de Guatemala justifican su uso de la fuerza contra las personas migrantes con medidas para frenar el peligro de contagio del coronavirus. Son respuestas políticas represivas ante un fenómeno migratorio que refleja la desesperación causada por un Estado que no responde a las necesidades de sus ciudadanos. “La corrupción genera migración, y tenemos Estados fallidos en el triángulo norte de Centroamérica”, dijo a DW Guillermo Castillo, de Cooperación Migrante, una organización de guatemaltecos radicados en Estados Unidos, con sede en Ohio. “Las caravanas solo desnudan el drama de quienes intentan migrar. Requiere coraje salir y arriesgarse a desaparecer, ser secuestrado, violado, mutilado, o morir en el intento, antes de morir sin hacer nada al respecto”, subraya. El presidente Hernández pidió a su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammatei, investigar la represión de cuerpos de seguridad contra los miles de hondureños que trataban de llegar a EE. UU., y señaló que el Estado de Honduras reconoce que migrar es un derecho humano. Al mismo tiempo, llamó a los hondureños a no exponerse a los peligros de emigrar de manera irregular.
Migrar en la pandemia: riesgo a la enésima potencia
“Es una situación que nos duele a todos, sobre todo porque los migrantes toman esa decisión de manera obligada debido a la falta de oportunidades, y a la falta de esperanza de que haya oportunidades aquí en Honduras, en el corto y mediano plazo”, explica a DW José Guadalupe Ruelas García, director general de la organización humanitaria Casa Alianza, en Tegucigalpa, que hace hincapié en la protección de niños y jóvenes.
En cuanto a la protección ante el coronavirus, los países limítrofes -Guatemala y México- tratan de detenerlos para evitar más contagios en su territorio. Pero ¿quién protege ahora a los migrantes, que quedan a la vera del camino sin agua, sin comida, sin medicamentos, sin lo básico para sobrevivir? “En materia de acceso al derecho a la salud, la situación va a ser terrible”, dice José Ruelas. Medios hondureños señalan este lunes que al menos 25 personas que fueron detenidas presentaron un diagnóstico positivo de COVID-19, y estuvieron en contacto con cientos de personas en las caravanas. “Sin embargo, ni el gobierno de Honduras, ni el de Guatemala, ni el de México tienen, más allá de la capacidad de diagnóstico, la posibilidad de brindar atención adecuada a estas personas. Pero sigue siendo una obligación de los Estados hacerlo y esperamos que los Estados tomen esta obligación de derechos humanos y humanitarios de manera responsable”, exige.
“El migrante sabe que contagiarse de COVID-19 es un peligro más que debe correr. Esto genera un incremento de contagios en los países de paso, sin trazabilidad alguna”, puntualiza Castillo. La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, pidió este lunes que las autoridades respetaran los derechos de la caravana de migrantes e instó a crear mecanismos regionales “para identificar a las personas que requieren protección”.
Instituciones corruptas y responsabilidad del Estado
Pero ¿qué responsabilidad le cabe al gobierno de Honduras para frenar estas oleadas de éxodos masivos del país? “El presidente de Honduras y su gobierno son los responsables directos de debilitar todas las instituciones del país, en las que prevalece el interés individual de enriquecimiento propio sobre el bien común, con efectos que generan desesperación en la población hondureña y, en consecuencia, su migración”, señala Guillermo Castillo, de Cooperación Migrante, que forma parte de la Asociación Il Mondo Immaginare, de Guatemala. “Las instituciones en Honduras están compradas por el crimen organizado de cuello blanco”, afirma Castillo, que trabaja en base a un monitoreo en la región.
“Solo hace falta ver cómo actúa el gobierno de Honduras en el caso del asesinato de la activista Berta Cáceres, a pesar de la presión internacional. Imaginemos ahora a un ciudadano hondureño común, sin acceso a contactos”, advierte, y agrega que “en Guatemala se venden documentos a los que quieren migrar diciendo que no tienen COVID-19. Los que lo venden, sacan provecho en detrimento de ciudadanos en Guatemala, y de los de México que encontrarán en el camino”. Con respecto a la participación del crimen organizado, Castillo dice que este no “organiza” las caravanas, como aseguran algunos medios, pero que sí “hay maras y narcotraficantes para los cuales los migrantes son un producto más de rentabilidad, explotando sexualmente a mujeres y niños”. “Reprimir al migrante, en una situación donde los Estados están cooptados por el crimen organizado, no es la respuesta”, añade.
Alternativas para entender la migración
Asimismo, considera importante que “Alemania, la Unión Europea y la cooperación internacional lideren conversaciones serias e investigación periodística con foco en Centroamérica sobre las razones de la migración, y soluciones pragmáticas; que se forme una mesa migratoria centroamericana con la sociedad civil, actores políticos, tanques de pensamiento, líderes comunitarios deportados y líderes migrantes”. Pero lamenta que, hasta el momento, haya “una desconexión abismal entre el análisis académico y el sector comunitario que atiende a los migrantes” allí donde estos lo necesitan.
“El gobierno hondureño ha generado, debido a los niveles de corrupción, fallas en la atención a la pandemia; solo por poner un ejemplo, todavía no están funcionando los famosos ‘hospitales móviles’. Los hospitales están desbordados. Después de las tormentas Eta e Iota mucha gente quedó en la calle, viviendo debajo de puentes, porque no había donde albergarse. No se les dio la ayuda humanitaria necesaria, lejos de eso”, denuncia ante DW José Ruelas, de Casa Alianza, de Honduras.
El director de Casa Alianza piensa que debería haber “un cambio de actitud” por parte de los gobiernos de Guatemala y de México, ya que, presionados por EE. UU., reprimen la caravana, en lugar de “ofrecer alternativas, como por ejemplo, hacerse exámenes de COVID-19, para que los migrantes colaboren con las autoridades entrando en un proceso de cuarentena, frenando así un contagio masivo”. En la medida en que los gobiernos sigan amenazando como lo están haciendo hasta este momento, y sigan reprimiendo brutalmente, como lo ha hecho el gobierno de Guatemala a través de la policía y del Ejército, y sigan viendo esto como un problema de seguridad nacional y no como un problema humanitario, su respuesta al problema migratorio se va a ver limitada, sostiene.
“En Honduras se vive un clima de inseguridad, un clima de falta total de confianza en el sistema político, en el sistema jurídico del país. Y la gente no ve en este país esperanza para quedarse”, agrega. Mientras no se generen oportunidades de empleo, mientras las personas no puedan trabajar sin ser extorsionadas por el crimen organizado, mientras no haya un acceso igualitario a la salud y a la educación, con gobiernos basados en la legitimidad, las caravanas de migrantes continuarán, concluye el experto. (ers)
