La Jornada Maya Miguel Améndola Foto: Miriam Tzeek
La fragilidad del ecosistema de Tulum sigue siendo castigada por ecocidios que se permiten ante el desconocimiento o por complicidad y corrupción de las autoridades de los tres niveles de gobierno, lamentaron ecologistas.
“Mi opinión como ciudadana, como humana y como ambientalista es que es muy triste ver esta situación, muy triste ver que las autoridades están más que rebasadas”, dijo Miriam Tzeek, la ex presidente del Comité Estatal de Protección, Conservación y Manejo de la Tortuga Marina.
Mencionó que de hecho los mismos ciudadanos creen que con “devastar” van a resolver sus problemas económicos inmediatos, pero a la larga matar el medio ambiente, que es justamente del que vivimos y da riquezas, es algo insensato.
“Se están actuando de manera insensata, haciendo a un lado a la autoridad, que está rebasada, la conciencia humana hace mucha falta, no es sensato estar degradando el medio ambiente de esta manera, de ello vamos a vivir de ello dependemos todos, del oxígeno y del agua saludable de la que podemos beber y mientras la contaminemos pues nos estamos matando a nosotros mismos: humanos, fauna, flora y elementos un círculo y un ecosistema del cual todos dependemos”, recalcó.
Por su parte, Karla Acevedo Polo, de la sociedad cooperativa Tulum Sostenible, declaró que el tema de la afectación principalmente al manglar no es nuevo y consideró que entre más poderosos y con más dinero sean los empresarios, mayor alcance tiene el daño, pues tienen mayor capacidad de impactar áreas tan grandes como las que se difundieron recientemente sobre un aparente ecocidio que está gestando el grupo restaurantero Rosa Negra.
Refirió que por lo anterior se levantaron las denuncias correspondientes de parte de diferentes personas y organizaciones de Tulum. Destacó que el manglar ofrece una gran cantidad de beneficios ambientales y también funciona como una barrera de protección contra huracanes.
“Nos da gusto que se hayan atendido estas denuncias y que finalmente esté llegando un poco más de atención de parte del gobierno federal para poner orden en este tema, ya que como sabemos el mangle es una especie protegida a nivel federal, entonces siempre se ve la problemática de que las autoridades locales o incluso a veces estatales, se justifican de no poder actuar porque no es su competencia”, dijo la ambientalista.
Opinó que por los proyectos que está trayendo el gobierno federal a esta zona se tiene mayor facilidad de que se visibilicen este tipo de daños ambientales: “confiamos en que esto también apresure la toma de medidas drásticas ya, para poner un alto a este tipo de situaciones porque hasta el momento no ha sucedido, hay una gran cantidad de establecimientos con construcción sobre el manglar que están operando a pesar de estar cometiendo un delito federal”.
Mencionó que esto es un problema “grave, porque es omisión o solapamiento de las autoridades municipales, porque les otorgan permisos de operación y estos lugares no estuviesen abiertos si no tuviesen permisos de operación y tampoco podrían tener venta de alcohol si no tuvieran sus permisos municipales y estatales, entonces es una cadena de omisiones que está resultando en una catástrofe ambiental”.
Concluyó que se requieren medidas drásticas para la reparación de daños y que se pueda actuar de forma más contundente para dejar un precedente a otros empresarios o funcionarios que estén permitiendo este tipo de situaciones, para se encamine hacia un ejercicio empresarial, ciudadano y gubernamental más honesto.
