Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez www.24-horas.mx
A pesar de las evidencias a la vista en el sentido de que la persecución de capos de cárteles del narcotráfico no contribuye a disminuir el contrabando ni la distribución, en realidad la crisis de drogas en Estados Unidos -como se ha reiterado hasta el cansancio- se localiza en la corrupción estadounidense para el contrabando y, sobre todo, el consumo creciente.
De poco le servirá a Estados Unidos el pago de recompensas contra las principales cabezas del narcotráfico mexicano -los hijos de El Chapo Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho-, si el encarcelamiento del propio Chapo, su esposa y de otras cabezas del narco no ha disminuido el tráfico ni el consumo.
El problema de las drogas en Estados Unidos es local y el Gobierno estadounidense se niega a atacarlo en el frente doméstico, sin duda porque la reducción drástica de drogas para el consumo cotidiano provocaría inestabilidad social y violencia en las calles.
Desde 2005, la DEA tiene identificados con precisión a los cárteles mexicanos que controlan el contrabando de droga y su venta al menudeo en las calles, pero hasta la fecha no ha hecho gran cosa para desarticular a las células de las bandas que tienen su origen en México.
Desde ahora se puede establecer como hipótesis central de análisis que el posible arresto de los Chapitos y de El Mencho no disminuirá el contrabando de drogas ni afectará el consumo y seguirán creciendo las muertes de estadounidenses por sobredosis de fentanilo y otras drogas duras. Y que el descabezamiento de los dos principales cárteles mexicanos tampoco afectara la estructura organizacional y operativa de las bandas y se tendrán que dar de manera natural los relevos en los mandos delictivos.
La crisis de drogas en EU se explica por la corrupción y consumo.
ZONA ZERO
Además de que tiene la obligación legal de registrar no solo agentes sino operativos en México, la DEA tiene que someterse a la estrategia mexicana de construcción de la paz -“abrazos, no balazos”- y estará obligada a replantear su oferta de recompensas por una importante lista de jefes de bandas delictivas. La primera reacción presidencial mexicana fue clave para establecer el criterio de que la DEA no puede arrestar de manera directa a nadie y que los mandatos de extradición los tiene que ejercer el sistema judicial-penal mexicano.
