El abogado del ex Gobernador criticó la decisión de Panamá porque autoriza juzgar a Borge por los mismos hechos de los delitos de peculado y lavado
Luces del Siglo Abel Barajas/Agencia Reforma
El Gobierno de Panamá concedió autorización a México para juzgar a Roberto Borge por delincuencia organizada, un delito con prisión preventiva de oficio y con penas que en su caso van de 20 a 40 años de prisión.
Erika Mouynes, Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, y la viceministra Dayra Carrizo Castillero, notificaron su aval para que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda a solicitar una nueva orden de aprehensión ante un juez de control con sede en el Penal del Altiplano.
“Analizada la solicitud de ampliación de la extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos contra el señor Roberto Borge Angulo, esta Cancillería considera que la misma es procedente, debido a que cumple con los requisitos legales correspondientes”, dice el documento fechado el 21 de julio, pero notificado antier.
En extradiciones, se denomina “principio de especialidad” a la regla que establece que un país puede juzgar a un extraditable sólo por los hechos delictivos que autorice la nación requerida. Bajo ese principio, el pasado 15 de marzo Panamá había negado su consentimiento para ampliar las imputaciones contra Borge, porque la solicitud mexicana incumplía con el artículo XVII del Tratado de Extradición entre ambas naciones, que exige presentar documentos como la orden de aprehensión.
El 18 de junio la Cancillería entregó la documentación adicional, incluida una relatoría que imputa a Borge y ocho personas más (incluidos familiares, empleados y amigos), de lavar dinero en la compraventa de 22 inmuebles de las reservas territoriales de Quintana Roo.
“En su calidad de gobernador de Quintana Roo, Borge Angulo tuvo información privilegiada al conocer el plan estatal de desarrollo, lo que le permitió identificar en dónde se harían inversiones y desarrollos inmobiliarios, turísticos y hoteleros, y de esa manera facilitar que estos predios fueran adquiridos por los integrantes de la organización quienes gozaban de su plena confianza”, dice el oficio enviado a Panamá.
Aunque este documento no es propiamente la orden de aprehensión, la Cancillería de Panamá dio por satisfecho el requisito y autorizó imputar a Borge por delincuencia organizada, en la resolución ministerial 1261 del 21 de julio pasado. Karin de la Rosa, abogado del ex Gobernador, criticó la decisión de Panamá porque autoriza juzgar a Borge por los mismos hechos de los delitos de peculado y lavado, dos de los cuatro ilícitos por los que fue extraditado originalmente. El ex Gobernador está preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, en Morelos.
