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La falta de capacitación y criterio de los agentes de la ley, propicia que la justicia favorezca a los delincuentes que fueron agredidos por sus víctimas, a pesar de que la legítima defensa está considerada en el Código Penal de Quintana Roo.
De acuerdo con información de transparencia, más de 64 carpetas de investigación permanecen abiertas en la Fiscalía General del Estado (FGE) por linchamiento, asesinato o heridas que sufrieron malhechores por parte de sus presuntas víctimas.
Sin embargo, para Raúl Cáceres Prieto, integrante del Colegio de Abogados de Quintana Roo, el número de víctimas que fue denunciada por sus asaltantes, agresores o violadores podría ser mayor, debido a que las autoridades catalogan los hechos como agresiones u homicidios dolosos, en lugar de considerarlos legítima defensa.
“Actualmente estoy defendiendo a varias personas que enfrentan un proceso judicial porque golpearon al delincuente que ingresó a su domicilio en Chetumal hace un año para asaltarlos a punta de pistola, aunque se demostraron las intenciones del delincuente, debido a que no alcanzó a llevarse nada, fue catalogado como una víctima”, explicó el abogado.
Lo anterior, a pesar de que el artículo 20 del Código Penal de Quintana Roo establece como causas excluyentes de incriminación cuando se repele una agresión en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, incluyendo la vida, el hogar, la familia o sus dependencias.
“Lamentablemente falta mucha capacitación a los peritos y agentes para que tomen en cuenta la legítima defensa, sobre todo en lo que concierne a recopilación de pruebas e interpretación de las leyes. Por eso en lugar de que el Congreso analice una iniciativa para establecer algo que ya está considerado, se debería mejorar la aplicación del mismo, pues este tipo de procesos cada vez es más común en la entidad”, citó el experto.
