La Jornada Carlos Fernández-Vega Foto Yazmín Ortega Cortés
Como es usual, el escándalo, la gritería, el chantaje y la sucia campaña mediática (incluidos los recursos que utilizan para alimentarla) en contra de tal o cual decisión gubernamental provienen de los mismos afectados por los cambios y el combate a las prácticas ilegales que tanto dinero les ha dejado. El caso más reciente, que no el último, es el de las modificaciones en materia de donativos (para acabar con los “filántropos” evasores de impuestos) incluidas en la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal para 2022 que provocaron histéricas reacciones entre los grandes corporativos dedicados a esas prácticas en detrimento del fisco.
“Terrorismo fiscal”, “persecución contra los contribuyentes”, “atentado contra la filantropía”, etcétera, etcétera, son algunas de las frases propagandísticas utilizadas por los afectados por las citadas modificaciones, en su intento por involucrar a todas las donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda, que son muchísimas. Pero el problema real sólo es de quienes, de por sí privilegiados en el régimen neoliberal, evaden al fisco –no de ahora, sino de mucho tiempo atrás– y financian esa y todas las campañas sucias.
La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, ayer aportó un botón de muestra que pinta de cuerpo entero cómo se las gastan esos promotores de la histeria, el chantaje y las campañas sucias: “siete integrantes de una misma familia hacían aportaciones (‘donaciones’) para eludir los límites de deducibilidad individuales en la materia, al tiempo que esos dineros los aportaban a sus propias fundaciones filantrópicas”, de tal suerte que por medio de ese mecanismo lograban quitarse de encima impuestos de entre 170 y 340 millones de pesos, solo por esa práctica, ilegal a todas luces. Y este es sólo uno de los mecanismos utilizados para evadir al fisco.
Pero no quedó ahí. Buenrostro detalló: (las donaciones) “no se las dieron a las mujeres maltratadas, a Caritas, sino a sus fundaciones personales; no sólo eso, deducen 50 por ciento más de lo que (supuestamente) aportan (es decir, 150 por ciento), lo que significa que en 2020 se inventaron 732 millones de pesos adicionales que no existían. Si se revisan sus comprobantes fiscales digitales y declaraciones informativas, son completamente inventadas”. Y sólo es un caso con siete personas de una misma familia.
Por cierto, cómo olvidar, el tangagate de Provida, con José Serrano Limón como cabeza visible, cuando el banco del Estado Banobras (en tiempos de Fox y con Luis Pazos en la dirección general) desvió recursos públicos (alrededor de 3 millones de dólares de la época) a esa organización fascista disfrazada de “filantrópica” y de “ayuda a la mujer”, dinero que el mercenario (el primero, aunque los otros dos tienen lo suyo) gastó en tangas, plumas de lujo y trajes. Esos recursos, de acuerdo con algunas ONG, “se hubieran podido utilizar para dar tratamiento por un año a casi 250 personas que padecen VIH/sida”, pero, en nombre de la “filantropía” terminaron en el bolsillo de Serrano Limón.
Buenrostro se reunió con los senadores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda, a quienes detalló el citado caso familiar, aunque se abstuvo de revelar nombres y apellidos de los involucrados, porque la ley lo prohíbe. A ellos les dijo que las modificaciones citadas no perjudican a la mayoría de quienes destinan recursos a causas humanitarias. “En total, la restricción afecta a unas 50 personas físicas” ( La Jornada, Andrea Becerril).
Es documentable (información de Hacienda, al cierre de 2020) que todos los grandes corporativos y/ o multimillonarios tienen sus “fundaciones”. Por ejemplo, Grupo México (del tóxico Germán Larrea) con cuatro y fondos reconocidos por alrededor de 556 millones de pesos; el Teletón, 15 y cerca de 3 mil 500 millones; Telmex, cuatro y más de mil 800 millones; Roberto Hernández (experto en evadir al fisco), ocho y 160 millones; Alfredo Harp, ocho y 792 millones; Femsa (la del Oxxo), tres y mil 130 millones; Alberto Bailléres, tres y cerca de 400 millones; Vicente Fox, cuatro y 73 millones, y no podía faltar Carlos Slim con 12 y 7 mil 200 millones.
Entonces, ¿quién paga y promueve la campaña sucia?
Las rebanadas del pastel
Si de chantajes se trata, ahí está la trasnacional Iberdrola, que al gobierno español ofrece “congelar precios de la electricidad” a cambio de que no le aplique “impuestos lesivos”. Un asco, y eso protegen los prianistas.
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