Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez
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A condición de que México inicie aquí un programa agresivo de lucha contra el armamentismo asociado al crimen organizado, la demanda mexicana en la Corte federal de Massachusetts podría convertirse en un punto de inflexión de la estrategia mexicana contra la inseguridad, la violencia y el crimen organizado.
La otra condición indispensable radica en la voluntad del Gobierno de Estados Unidos para articular sus compromisos de regulación de armas para combatir la violencia en las calles y orientar parte de su acción no sólo a las restricciones para la venta libre de armas, sino para controlar a las empresas productoras.
El lobby del armamentismo es el más importante en la estructura del establishment del ampliado complejo militar-industrial que domina y define la política exterior de dominación de la Casa Blanca, ya sea con demócratas o republicanos.
El punto sensible de la demanda mexicana no radica en la intervención en el sistema armamentista estadounidense por acciones locales, sino en el hecho de que las empresas productoras de armamento aparecen de alguna manera articuladas a la estructura del crimen organizado de cárteles y bandas mexicanas.
En este sentido, la demanda estaría obligando también a México a aumentar la agresividad de sus políticas de seguridad para combatir el tráfico de armas en la frontera, la corrupción de autoridades mexicanas en el cruce de productos y la flojedad de las leyes mexicanas para convertir la posesión de armas sin permisos en un delito mayor.
Y desde luego, la demanda mexicana es también un punto de obligación del Gobierno mexicano para pasar a la ofensiva activa contra las bandas del crimen organizado dentro de México y superar la estrategia de entendimiento con la delincuencia. En armas también opera el principio de que la demanda determina la oferta.
ZONA ZERO
Todos los presidentes de Estados Unidos se han comprometido a buscar una mayor regulación en la venta libre de armas, pero la configuración estatal de las leyes impide un enfoque federal. Además, debe considerarse el hecho de que el imperio territorial estadounidense se conquistó a balazo limpio y que la segunda enmienda constitucional de posesión libre de armas es, en términos políticos, sagrada. Sin una articulación con EU, la demanda de Relaciones Exteriores tendrá poca viabilidad judicial.
