Novedades/Armando Galera Foto: Daniel Tejada
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado turnó al pleno dos casos de juicios políticos y una revocación de mandato solicitados en contra de ex presidentes municipales, a fin de que se designe a una Comisión Instructora que investigue las presuntas irregulares denunciadas.
Por unanimidad, los diputados integrantes de la Comisión aprobaron la procedencia de dos solicitudes en contra de Laura Beristain Navarrete, durante su gestión como presidenta municipal de Solidaridad.
“Se trata de dos procedimientos distintos, aunque ambos son presentados por el señor Raúl Fernández León. Estudiamos ambas solicitudes y descubrimos que cumplen con los requisitos que establece la Constitución Política del Estado, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas, por lo que decidimos dictaminar la procedencia de los dos juicios políticos”, explicó Kira Iris San, presidenta de dicha comisión.
El siguiente paso será que el pleno instruya la creación de una Comisión Especial, que se encargará de estudiar los elementos de prueba para valorarlos y determinar si la ex alcaldesa incurrió en una presunta malversación de recursos.
Según la denuncia, se señalan contratos celebrados para la recolección del sargazo y en la asignación de obra durante la administración de la morenista, que podría significar un quebranto financiero en contra de la comuna.
La Comisión Instructora deberá notificar a la actual regidora de Solidaridad sobre el procedimiento y garantizar el derecho de audiencia, así como la presentación de todas las pruebas que considere a su favor.
El Congreso solo puede establecer castigos en tema “político”, que podrían derivar en destitución e inhabilitación, aunque las indagatorias podrían abrir la pauta para interponer denuncias penales. De acuerdo con la lectura de los expedientes realizados en la sala de comisiones, las peticiones fueron realizadas por Raúl Fernández León, quien recientemente falleció.
Según la información recabada, se incluye el presunto desvío de 64 millones de pesos de recursos municipales, a través de contratos para la recoja del sargazo durante el periodo 2018-2019.
También se añaden las irregularidades descubiertas en la inversión de casi 203 millones de pesos realizada en la remodelación de la Quinta Avenida de Playa.
Otro que tenía un expediente en su contra, pero de revocación de mandato, es el ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, quien pretende buscar la candidatura de la gubernatura por el Partido Acción Nacional.
En este caso, la Comisión de Justicia determinó que sí es procedente la solicitud de revocación de mandato, por violentar la Ley de Responsabilidad Administrativa al faltar a su obligación como presidente municipal de organizar sesiones ordinarias de Cabildo al menos dos veces al mes.
Sin embargo, los legisladores consideraron que debido a que ya no es alcalde de Lázaro Cárdenas, no era pertinente entrar al fondo del asunto. Por ello, solo añadieron un artículo transitorio al dictamen para dar parte a la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo y a la Contraloría Municipal para que realicen las investigaciones pertinentes.
