Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez seguridadydefensa@gmail.com
De pronto se acomodaron varias piezas:
1.- La queja del secretario de Marina contra jueces por liberar delincuentes.
2.- Las amenazas de un grupo criminal contra la candidata municipal opositora en Valle de Bravo para beneficiar a su adversaria de Morena.
Violencia electoral: territorio delictivo o gobernanza criminal
3.- La crisis institucional-legal diputados-Corte-soberanía estatal en Tamaulipas.
4.- La agenda de seguridad de México como prioridad de la Oficina Oval de la Casa Blanca a nivel de vicepresidenta.
5.- La crisis de Estado criminal en Michoacán, Chiapas y Guanajuato.
6.- La suspensión de campañas en el sur del Estado de México por violencia criminal.
En trasfondo aparece en la estrategia de seguridad pública basada en la construcción de la paz y no en la guerra contra cárteles. La respuesta gubernamental aparece limitada: no garantizar seguridad a candidatos, sino desmantelar estructuras criminales-políticas que controlan partes de la soberanía territorial del Estado nacional.
Si el Gobierno federal no quiere salirse de los linderos de la construcción de la paz, tampoco debería permitir que los cárteles no hayan querido colaborar con la estabilización territorial. El modelo teórico de gobernanza criminal otorga funciones estabilizadoras a las bandas, no sólo el delito y el crimen; sin embargo, los grupos delictivos carecen capacidad de entendimiento político para colaborar con la estabilización de la gobernabilidad y sus objetivos son sólo delictivos.
Lo paradójico es que han bajado delitos vinculados a la inseguridad, pero el clima de inseguridad ha aumentado de tensión por la lucha violenta por el control de territorios y plazas. Las bandas criminales quieren imponer autoridades y cargos políticos, no dedicarse a lo suyo sin afectar la estabilidad de la seguridad interior.
La violencia en campañas no necesita que se cuiden candidatos, sino que se desarticulen bandas como estructuras de poder que desafían al Estado.
ZONA ZERO
Dicen en los pasillos del poder de Washington que el FBI no está nada contento con el manejo político aquí de las carpetas sobre casos mexicanos, porque se trata de investigaciones en curso. La revelación del caso Cabeza de Vaca en documentos diplomáticos del FBI pudo haber anulado la indagatoria estadounidense porque adelantó advertencias. Y dicen expertos en seguridad que EU podría restringir el intercambio de información.
