Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez www.24-horas.mx
El tema de la reforma eléctrica se mueve en dos escenarios interconectados: la iniciativa del presidente López Obrador y las ostentosas presiones de la Casa Blanca en contra del proceso legislativo mexicano.
La reiteración no está por demás: el tratado contiene un marco jurídico muy preciso y eficaz para la solución de controversias, a fin de evitar la utilización de presiones gubernamentales a favor o en contra de una decisión. Sin embargo, la Casa Blanca está utilizando todo el aparato diplomático y de seguridad nacional para advertirle a México de sanciones políticas, diplomáticas y de Gobierno.
Respecto al uso de amenazas contra México, el Gobierno demócrata de Biden ha sido peor que los de los republicanos Nixon, Reagan, Bush Jr. y Trump. Una cosa es que los gobiernos tengan funciones para proteger a sus inversionistas en el extranjero, pero otra muy diferente es la de usar todo el poder imperial para obligar a un país a no ejercer su soberanía económica.
El país enfrenta un escenario que estaría llevando a una situación de nacionalismo defensivo, ante las presiones del gabinete de la Casa Blanca para obligar a México a retirar su ley eléctrica. La última visita del excandidato presidencial derrotado John Kerry no ocultó el lenguaje imperial de amenazas fuera de los mecanismos institucionales del Tratado.
El gran debate histórico sobre la función económica del Estado en materia eléctrica forma parte de la lucha nacional de 1973 a la fecha para regular las inversiones extranjeras que solo tienen enfoques de extracción de recursos y poco contribuyen al bienestar de la población mayoritaria. De ahí la importancia de una reforma a la política de regulación de inversión extranjera a partir de la ley eléctrica y de la confrontación presidencial con los bancos españoles.
El Gobierno estadounidense lleva las de perder si insiste en arrinconar a México en escenarios nacionalistas y de seguridad nacional.
ZONA ZERO
La lucha entre cárteles y grupos delictivos por el control de zonas importantes para la producción y tráfico de drogas podría estar obligando a la estrategia de seguridad a revisar el modelo de construcción de la paz, pero a partir de casos muy concretos. La acción operativa de las fuerzas de seguridad debe garantizar un ambiente de no violencia. En caso de retrasar esta decisión, los choques entre cárteles seguirán aumentando la contabilidad de la violencia.
