Luces del Siglo
Aunque desde octubre pasado la Fiscalía General de la República acusó por escrito a Roberto Borge de lavado de dinero y pidió imponerle 15 años de cárcel, la dependencia no podrá formalizar su acusación en una audiencia judicial sino hasta el próximo 1 de junio.
El Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl agendó la audiencia intermedia de este proceso para una fecha casi ocho meses posteriores a la solicitud que presentó la Fiscalía para formular verbalmente su acusación.
El escrito de la FGR fue presentado el 26 de octubre y la audiencia en cuestión está acordada para el 1 de junio a las 9:00 horas, según información del Poder Judicial de la Federación.
En esa diligencia, además de reiterar ante el juez la solicitud de la sentencia condenatoria, se someterán a debate las 145 pruebas que ofreció la FGR para llevar a juicio al ex Mandatario estatal.
Las pruebas que serán depuradas son el testimonio de 61 personas, cuatro peritajes, nueve documentales, 37 documentos registrales, 20 oficios del Servicio de Administración Tributaria, ocho de distintas dependencias, dos del Registro Público Marítimo Nacional y cuatro anexos fotográficos.
En esta audiencia, que puede dividirse en varias, también se define lo que en el nuevo sistema de justicia oral se denomina como acuerdo probatorio, una especie de convenio donde las partes establecen los hechos que no estarán a discusión en el juicio. Borge no puede ser llevado a juicio sin comparecer a esta diligencia intermedia. Es hasta después de la celebración de esta audiencia, cuando el juez responsable estará en posibilidad de dictar el acuerdo de apertura de juicio.
Para el ex Gobernador, eso sucederá hasta la segunda mitad del año, siempre y cuando no haya otro recurso legal que suspenda el trámite o incluso cancele el proceso.
A Borge le atribuyen en este expediente haber lavado más de 900 millones de pesos en la compra-venta a familiares y amigos de 22 terrenos de la Riviera Maya, que eran parte de las reservas naturales de Quintana Roo. Este es hasta ahora el único proceso de orden federal que le fue iniciado en México, en los cuatro años que lleva preso.
El ex Gobernador además tiene en curso tres procesos del fuero común por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado. En el primero ya concluyó el plazo de investigación complementaria y la Fiscalía de Quintana Roo ha pedido que sea sentenciado a 10 años de prisión.
Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero de 2018. Desde entonces está preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, en Morelos.
