Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez www.24-horas.mx
Fue el presidente Obama, con todo y su aureola de profesor de derecho constitucional, el que definió la doctrina estadounidense de extraterritorialidad de la política de seguridad nacional en materia de crimen organizado al caracterizar a los cárteles como organizaciones criminales transnacionales.
Sin embargo, reportes de la DEA -policía antidrogas de EU- señalan que nueve cárteles mexicanos controlan el contrabando, la distribución y las redes de venta al menudeo en 48 ciudades estadounidenses, sin que el Gobierno federal de aquel país tomé la decisión de combatir a estos grupos delictivos.
Como una manera de deslindarse de la responsabilidad local, el presidente Obama y el presidente Donald Trump coincidieron en enfoques estratégicos conservadores e imperialistas al culpar a los países sede de los cárteles, para no reconocer que el consumo de droga dentro de EU determina la oferta de las organizaciones criminales.
El modelo de transnacionalización del crimen organizado ha exculpado a Estados Unidos de cualquier responsabilidad interna en el funcionamiento de los cárteles mexicanos dentro de su territorio y ha permitido la violación del derecho internacional al invadir otros países con grupos policiacos para arrestar a los capos de los cárteles.
En este contexto, la intención de la Casa Blanca en la lógica de las doctrinas coincidentes de Obama y Trump es el sometimiento de las políticas de seguridad nacional de otras naciones a los criterios unidireccionales de la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, la estrategia antinarcóticos de la Casa Blanca no es sino una expresión de los viejos mecanismos de dominación imperial de otros países.
Pero el problema es muy sencillo: hay drogas y cárteles -y siempre habrá- porque hay millones de adictos en Estados Unidos.
ZONA ZERO
El Gobierno de EU tiene encarcelado a Joaquín El Chapo Guzmán como jefe del Cártel de Sinaloa que es el principal productor e introductor de fentanilo a su territorio, pero nada ha hecho para castigar el tráfico de drogas en las calles estadounidenses. La explicación es muy simple: EU asume la drogadicción con un derecho personal del individuo y no como un delito que ha provocado la construcción de estructuras criminales sofisticadas que dominan el tráfico de drogas en las calles.
