- Se le cae maquillaje a transparencia del gobierno de Carlos Joaquín González. Supera los 6 mil mdp deuda oculta a proveedores
Días antes del último informe del gobernador Carlos Joaquín González, su equipo de comunicación difundió una gráfica comparativa de la deuda pública heredada por sus tres antecesores inmediatos —responsables de hipotecar a futuro las finanzas públicas— y los resultados arrojaron que la actual administración, que concluirá el próximo domingo 25 de septiembre, lejos de endeudarse redujo los pasivos del pasado.
Pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene otros datos que indican que si bien la deuda reportada por el gobierno de Quintana Roo con los bancos no rebasa los 20 mil millones de pesos, como hacía referencia el gráfico promocional, la realidad es que se ocultaron los pasivos a proveedores por la cantidad de 6 mil 694 millones 784 mil pesos, escalando el monto total heredado a 26 mil 384 millones 995 mil pesos.
Este traslado de deuda de un ejercicio fiscal a otro está permitido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pero con un límite del 2 por ciento del Presupuesto de Egresos de cada año, que en el caso específico del Gobierno de Quintana Roo fue de 32 mil 741 millones 895 mil pesos para 2022, mientras que la deuda oculta a proveedores (6 mil 694 millones 784 mil pesos) representa el 20 por ciento.
Por esta situación es que el Sistema de Alertas de endeudamientos de entidades federativas y municipios —en su más reciente reporte— clasificó al estado de Quintana Roo en el nivel de “endeudamiento elevado” debido al incumplimiento con el pago de financiamientos u obligaciones, situación en la que permanecerá hasta en tanto no se subsane.
En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación encontró fortalezas teóricas en los sistemas de transparencia implementados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, pero también debilidades en la práctica que las superaron.
Por ejemplo, al evaluar las fortalezas del “ambiente de control” implementado en materia de transparencia por el gobierno del estado, el documento reconoce el diseño del andamiaje jurídico consistente en todo un paquete de leyes, reglamentos, normas éticas, así como organismos públicos y privados especializados en el Control Interno de observancia obligatoria para todos los servidores públicos, pero a la hora de la práctica no se cuenta con la infraestructura material y humana para supervisar que se cumplan los objetivos ni con la voluntad política para llevarlas a cabo.
Cita el documento: “No se tiene implementación para la aceptación formal y el compromiso de cumplir con los Códigos de ética y de Conducta”; “No se instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conductas de la institución”.
Y complementa: “No se cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Auditoría Interna para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución”, y “No se cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obra Pública para asuntos relacionados con la institución”.
En el gráfico comparativo difundido por su equipo de comunicación, el gobernador Carlos Joaquín figuraba con una deuda reportada con los bancos superior a los 20 mil millones de pesos, atribuida a los gobiernos anteriores, pero ocultó la deuda con proveedores, que asciende a casi 7 mil millones de pesos que dificultarán la operación del gobierno en el inicio de la administración de la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Luces del Siglo/Agustín Ambriz
