Quintana Roo Hoy/Jesús Vázquez
Cynthia Dehesa, directora de Ciudadanos por la Transparencia informó que en total se tramitaron un total de 5 amparos y sus correspondientes recursos de revisión debido a que un juez sobreseyó uno de los recursos porque supuestamente los promoventes de los amparos no acreditaban el legítimo interés en el caso.
Finalmente, luego de más de dos años de lucha jurídica, el Juzgado Noveno de Distrito, radicado en Cancún, instruyó al Congreso de Quintana Roo a rendirle informe de cada peso que destine como parte de la partida de “ayudas sociales”, lo que incluye a quién otorga esos recursos, cuánto y para qué, como resultado del amparo promovido por tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo (SAEQROO) Dehesa Guzmán comentó que para este año el congreso local destinará casi 100 millones de pesos para esta partida, la cual es la cuarta parte de su presupuesto, sin embargo, de no ser por el resolutivo del juez, dichos recursos se habrían ejercido en este año electoral sin ninguna transparencia y muy probablemente habrían terminado en alguna de las campañas políticas a nivel estatal.
Si bien el no concedió la suspensión de la entrega de los recursos emanados de la millonaria partida de ayudas sociales, que alcanza para el ejercicio fiscal del 2022, la cantidad de 100 millones de pesos; sí instruye al Congreso a reportarle cada que haga uso de ella, en tanto se resuelve el fondo del asunto.
ANTECEDENTES
En septiembre de 2018 se dio un fallo similar al de este año. En esa ocasión el juez primero de distrito con sede en Quintana Roo resolvió que la Unidad de Transparencia del Congreso del estado transparente los 100 millones de pesos que la legislatura destinaría ese año al rubro de “ayudas sociales”.
Se trató del resultado de un amparo por el cual se ordenó al poder legislativo exhibir las facturas y recibos que amparan el gasto de 100 millones de pesos entre los años 2016 y 2017. Desde noviembre de 2017 el Observatorio Legislativo de Quintana Roo había dado pormenores del opaco manejo de la partida de ayudas sociales.
De hecho, asesoraron a la ciudadana Cecilia Sánchez Olais, para denunciar a Ana María de la Luz Hernández Ayala, directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, por el presunto delito de peculado, luego de que en la sección de Transparencia de la página del Congreso, la denunciante encontró su nombre en el padrón de beneficiarios de “ayudas sociales”, con un supuesto apoyo de “hospedaje” recibido el 7 de noviembre de 2016, el cual nunca recibió.
La denuncia quedó registrada bajo el número de caso FGE/QR/SOL/10/6074/2017 por el presunto delito de peculado. Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, dijo entonces que existía la presunción de que la entonces directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del estado, quien era la encargada de manejar y entregar los recursos de “ayudas sociales”, estaba haciendo uso para sí o para otros, o distrayendo los recursos públicos que en razón de su función y cargo recibió en administración, ya que al utilizar nombres de personas, como el de la denunciante, para justificar el destino de los recursos públicos que maneja, se podía presumir que los había estado desviando hacia otros fines.
En el sitio de Transparencia del Congreso del Estado se encontró un documento con el nombre de todas las personas que recibieron “ayudas sociales” en el último trimestre del 2016, cuando entró en funciones la XV Legislatura, y en el folio 1132, aparece el nombre de la denunciante Cecilia Sánchez Olais, quien nunca recibió las ayudas.
La ciudadana también presentó ante el Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales una denuncia por el manejo de sus datos personales, además de requerir a este Instituto que investigue cómo obtuvo sus datos la directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado.
Con el amparo que le fue concedido a la asociación Somos Tus Ojos por el juez primero de distrito en Quintana Roo, el Congreso ahora vio obligado a transparentar cómo habían gastado esos recursos.
