- El documento Análisis de Incidencia y Comportamiento Delictivo señala que Roberto Borge entregó tierras al crimen organizado
En un diagnóstico confidencial sobre las principales problemáticas de Quintana Roo, la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional señala al gobierno de Roberto Borge Angulo (2011-2016) de haber favorecido al crimen organizado con la entrega de tierras para desarrollos turísticos.
Ahora, en estos complejos se realizan actividades legales, pero con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
El documento destaca que “autoridades locales” intervinieron “en la concesión y compra de tierras a bajos costos”. En ellas se ejecutaron “desarrollos turísticos de alta plusvalía”, en los que “se lava principalmente el activo del crimen organizado”.
Con claridad, enseguida señala que “la administración de Roberto Borge Angulo estuvo marcada por la opacidad y el ejercicio irregular de la función pública”.
Incluso, destaca que el lastre heredado por el exgobernador, actualmente preso, tiene alcances transexenales.
Por ello, para 2019 el estado aparecía como la segunda entidad con mayores niveles de corrupción de todo el país.
El documento, titulado Análisis de Incidencia y Comportamiento Delictivo, está fechado en noviembre de 2020 y es parte de los cientos de miles de archivos que fueron sustraídos de servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo autodenominado “Guacamaya”.
Con 20 hojas, el archivo se define como un “producto de inteligencia” elaborado con fuentes abiertas (públicas) y cerradas (secretas).
Los grupos delictivos con presencia en Quintana Roo son los Cárteles de Sinaloa (con la facción La Barredora), Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Los Zetas y del Golfo. De este último operan dos células: los Pelones y los Talibanes.
Otro grupo local también realiza actividades de trasiego y venta de drogas. Está conformado por exreos, desertores de varios grupos criminales.
Advierte que los cárteles buscan aprovechar en Quintana Roo las ventajas de que la entidad sea “el principal destino turístico de México”. Reconoce que el estado cuenta “con gran capacidad de recepción” derivada de sus nueve puertos marítimos.
“Su vida nocturna es un espacio de fiesta mezclada con la triada diversión, consumo (de drogas) y riesgo por parte de los turistas”. A diferencia de otros lugares del país, donde la droga sólo transita con rumbo a Estados Unidos, en ciudades como Cancún y Playa del Carmen también se consume.
Por ello, “se vuelven frecuentes los ataques a establecimientos (…) por el control del narcomenudeo”.
Sin embargo, las facilidades que el gobierno de Borge dio a los cárteles no son el único problema del estado. La delincuencia común, la violencia estructural contra las mujeres, la destrucción del medio ambiente y las demandas no atendidas de carácter social completan el diagnóstico.
Destaca que, a pesar de la reducción de los niveles de violencia, los cárteles han logrado un proceso de “mediatización criminal” para sembrar miedo. Para ello, difunden mensajes de odio en su lucha por el control del territorio.
Cita el caso del hallazgo de dos cuerpos con signos de tortura en pleno Centro de Playa del Carmen; la cabeza cercenada encontrada frente a las instalaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes y “el reto directo a autoridades penitenciarias al ejecutar a jefe de custodios”.
Reconoce que “hoy las organizaciones delincuenciales son más complejas e incluso recurren a estrategias que en otros tiempos estaban reservadas a productos comerciales e incluso a gobiernos”. Una de las estrategias más importantes es la de sembrar miedo. “El miedo paraliza y puede crear una sensación de enorme desánimo en la sociedad”.
Otros delitos que comete la delincuencia organizada en el estado son la extorsión contra bares, restaurantes y negocios locales.
Mientras, la delincuencia común comete robos a negocios y violencia y abuso sexual en contra de mujeres y menores.
También se refiere a la violencia estructural contra las mujeres: “La violencia de género y la desigualdad son eventos violentos hacia las mujeres en diversos ámbitos: educación, trabajo, participación social”.
Advierte que este “problema constante” no ha sido controlado; “además este tipo de violencia se relaciona no sólo con agresiones o feminicidios sino también con delitos como el de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, pornografía infantil, corrupción de menores, así como desapariciones”.
Otro de los “graves” riesgos a la sociedad de Quintana Roo son los desastres naturales causados por fenómenos hidrometeorológicos. En especial, los de la temporada de ciclones tropicales, es decir, entre mayo y noviembre de cada año. Dejan a su paso inundaciones y desbordamiento de ríos en “su extenso litoral” de mil 176 kilómetros.
Además, “por su riqueza natural Quintana Roo es vulnerable a la sustracción, caza, explotación de la vida silvestre y de especies endémicas”; a ello se suman “el descuido y la contaminación” que ponen en riesgo el ecosistema.
Finalmente se refiere a algunas manifestaciones de descontento y denuncias con respecto al proyecto prioritario Tren Maya.
A pesar de que el 95 por ciento del trazado del tren pasa por derechos de vía ya existentes, “el proyecto genera descontento en grupos opositores excusando daños ambientales y falta de reconocimiento de comunidades originarias”. Luces del Siglo/Felipe Villa
