Agencia EFE
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de México, Arturo Zaldívar, anunció este miércoles el estreno de una serie documental, financiada por la institución, que aborda el delito del feminicidio en el país.
La serie, llamada «Caníbal. Indignación total», tiene como guía el caso de Andrés Mendoza Celis, conocido como «El Caníbal de Atizapán», feminicida serial al que se le acusa del asesinato de al menos 19 mujeres.
«Esta serie tiene como objetivo mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas», dijo Zaldívar en una conferencia de prensa.
La serie, que se estrenará el próximo 27 de junio, está integrada por cinco capítulos y se transmitirá por los canales de televisión Justicia TV, el canal de Las Estrellas y otros medios públicos.
El magistrado agregó que la producción se hizo con «seriedad y cuidado» y dijo además que «no busca generar morbo, sino provocar reflexión, y no busca señalar culpables, sino apuntar a soluciones».
En México, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día y en 2021 sumaron más de 1 mil feminicidios, según cifras oficiales.
OTRAS MEDIDAS A FAVOR DE LAS MUJERES PRESAS
Zaldívar también anunció medidas para responder a la grave situación que enfrentan las mujeres en reclusión, luego de su visita al penal femenino de Santa Martha Acatitla, el pasado 11 de mayo.
Entre ellas, dijo, están «una defensa efectiva, inmediata, de calidad para 200 internas» de Santa Martha Acatitla, a cargo del Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF).
Además de la revisión de la prisión preventiva en los casos donde la persona acumule más de dos años recluida.
Otras medidas serán la defensa de mujeres y hombres indígenas que están en prisión y recordó que actualmente se tiene un programa piloto en los estados de Oaxaca y de Chiapas «para determinar cuál es la situación de las personas indígenas en procesos locales».
El presidente de la SCJN aseguró que la mayoría de estas medidas tienen una dimensión nacional que buscan hacer una diferencia en la vida de la gente.
«Espero que estas medidas sean la punta de lanza para que nos tomemos en serio una reflexión a nivel legislativo y a nivel de la sociedad sobre un cambio de paradigma en relación con la prisión preventiva oficiosa y justificada», finalizó.
