- Tierras en Tulum ya podrían tener uso comercial, fallo puede levantar medidas que prohibían licencias de funcionamiento
Luces del Siglo/Marco Antonio Barrera
Mientras que la propiedad del suelo en José María Pino Suárez —de Tulum— se encuentra en una disputa judicial, el Núcleo Ejidal obtuvo un amparo que podría levantar medidas precautorias que han impedido el uso comercial de los terrenos por más de dos años.
Los representantes del Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, con la que un juez federal con sede en Quintana Roo ordenó al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 con residencia en Chetumal dejar sin efecto diversas disposiciones dictadas desde 2020.
Las medidas cautelares se dieron luego de un pleito legal que comenzó el 3 de marzo del año pasado, y cuyo fallo ordenó a la justicia agraria dictar una nueva resolución con la que se podría levantar la prohibición de disponer del polígono en conflicto.
El caso tiene que ver con los juicios 9/2013 y su acumulado 2950/2013 en los que la justicia agraria, como medida precautoria, ordenó al Municipio de Tulum la prohibición de emitir licencias de funcionamiento, cédulas catastrales, permisos de construcción, licencias de uso de suelo, licencias de negocios y permisos de cualquier tipo.
En la demanda de garantías 26606834 radicada en el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Quintana Roo, los solicitantes de medidas cautelares identificados como el presidente, la secretaria y el tesorero del NCPE José María Pino Suárez reclamaron la negativa municipal de expedir permisos para negocios, en cuyo trámite se pide a los solicitantes entre otros documentos, el comprobar la propiedad legal del predio.
Hace apenas cuatro días, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador agrario Luis Rafael Hernández Palacios Mirón confirmó que como parte del conflicto jurídico donde se pelea la propiedad legal del NCPE José María Pino Suárez, ninguno de los mil 700 títulos de propiedad tiene validez al mantenerse nulos.
Los efectos del concedido amparo a favor de los ejidatarios que se otorgó el pasado 25 de enero, instruyó al Magistrado Agrario para que “deje insubsistente los acuerdos emitidos en el juicio agrario y con plenitud de jurisdicción, y siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, emita una nueva determinación en la que, de considerar procedente, reiterar la medida precautoria solicitada”.
La sentencia se dio casi un año después de que los ejidatarios interpusieron los reclamados actos, aunque en una segunda solicitud de amparo bajo el número 27763515 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito (presentada el 19 de marzo de 2021), otros solicitantes también pidieron las medidas cautelares sobre el mismo litigio, pero estas les fueron negadas.
El segundo caso fue tramitado por Antonino Almazán Arteaga, Diego Ernesto Quintana Calles y el Grupo Casa Jaguar Santos 33, S.A. de C.V., que igualmente impugnaron las citadas medidas precautorias ordenadas en el juicio agrario 09/2013, que ordenan al municipio prohibir la emisión de licencias de funcionamiento y otros trámites.
Pero la segunda demanda fue sobreseída en un fallo de primera instancia que se emitió el 11 de febrero pasado, y de la cual se promovió un recurso de revisión contra la sentencia justo un mes después, que mantiene el caso activo.
Ayer, Luces del Siglo publicó el reclamo de representantes comuneros de José María Pino Suárez contra la Sedatu, porque su titular, Román Meyer Falcón, afirma que el Ejido no colinda con el Mar Caribe.
