Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez www.24-horas.mx
El debate que se decidirá esta semana sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional y la extensión de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública por un quinquenio más, debe ser asumida como una nueva fase en la estrategia de combate a la delincuencia y el crimen organizado.
En todo el debate se ha evitado cualquier referencia a una decisión oficial que debiera ser parte de la argumentación sobre los reacomodos: el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su control sobre la estrategia de Seguridad Pública y su papel regulador de la Guardia, decisiones éstas que colocan a la autoridad civil en la reforma de seguridad.
El problema que enfrenta las nuevas decisiones de reorganización de la seguridad se localiza en la falta de entendimiento de la oposición para discernir la dimensión de las reformas y para entender que los reacomodos no configuran los criterios de una militarización, porque las reformas tienen que ver con un grado significativo de deterioro de las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema social y del sistema productivo.
Mientras los opositores sociales e institucionales no entiendan la dimensión de las tres seguridades y la función originaria del Estado para garantizarlas, los debates van a gastar la estabilidad social interna y no facilitarán la reorganización de los cuerpos de seguridad, frente a las evidencias cada vez más graves de que el crimen organizado está rebasando la sola lucha por obtener el patrimonio privado de los ciudadanos y hoy quiere asumir el control institucional de la República para sus intereses delictivos.
ZONA ZERO
Toda la estructura de seguridad de Estados Unidos se está moviendo en la interpretación de la crisis de seguridad mexicana con base en un argumento: el crimen organizado ha rebasado la capacidad legal y armada de las policías municipales, estatales y federales. Y a ello se agrega la percepción de que México no está capacitado para combatir a la delincuencia que está penetrando en la estructura estadounidense y que el sistema de seguridad americano ha estado insistiendo en que necesita participar de manera directa en labores de seguridad mexicanas. Este es otro punto que tampoco se ha debatido en el Congreso.
