Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez @carlosramirezh/seguridadydefensa@gmail.com
En términos prácticos, el debate de la oposición sobre la Guardia Nacional en el espacio de la Sedena será agotado y desgastado en el cumplimiento estricto de lo que dice la Constitución, sin atender si ese modelo de seguridad sigue vigente o ha cambiado y requiere de una adecuación estratégica.
La insistencia presidencial de resguardar al nuevo cuerpo de seguridad de las inclemencias del poder corruptor de la delincuencia debería ser atendida en función de lo que dice la segunda mitad del primer párrafo de la página 14 de la iniciativa enviada al Congreso:
“El riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país se ha convertido en una fuerza cuasimilitar que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas. Son grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil, son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares, pero no son invencibles”.
El escenario está muy claro: la estrategia de seguridad, la Guardia Nacional y el papel vigilante del Ejército tienen que ver con el crimen organizado que, como se ve todos los días, ha capturado espacios territoriales, instituciones y representaciones políticas del Estado y que por ello se requiere de la Fuerza Armada responsable de la seguridad nacional ahora en labores de seguridad interior, es decir, la obligación que tiene el Estado de garantizar la estabilidad social, el bienestar de la población, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.
Si los legisladores de oposición no debaten el concepto de fuerza cuasimilitar del crimen organizado, entonces habrá que entregarles las llaves del Estado.
ZONA ZERO
El otro tema que debatirá esta semana la sociedad mexicana se encuentra en el mantenimiento o desaparición del modelo de prisión preventiva oficiosa para alinear el sistema judicial mexicano a los acuerdos internacionales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque seguiría prevaleciendo el modelo de prisión preventiva justificada. El reclamo presidencial a los ministros de la Corte no debe modular la decisión jurídica que tenga que tomar en su cuerpo colegiado. México no puede violar o incumplir acuerdos jurídicos internacionales
