La Jornada
CDMX
El gobierno federal decretó la “ocupación temporal” de 159 predios en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, en Quintana Roo, al considerarlos de utilidad pública para ser usados en la construcción del Tren Maya.
Los polígonos suman una extensión de 2 millones 369 mil 977 metros cuadrados, es decir, unas 236 hectáreas, a lo largo de las cuatro demarcaciones.
En un decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se ordena a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) proceder a la ocupación temporal inmediata de los bienes, y se aclara que “la interposición de cualquier medio de defensa no suspende dicha ocupación temporal”.
En tanto, Fonatur y la Sedatu se deberán coordinar para gestionar los recursos necesarios y cubrir el monto de la indemnización que en términos de ley se deba pagar a quienes acrediten ser propietarios.
Además, establece que en caso de que los predios no sean destinados total o parcialmente a dicho fin, al término de cinco años, los propietarios afectados podrán solicitar a la autoridad “la reversión total o parcial del bien de que se trate, la insubsistencia de la ocupación temporal o el pago de los daños causados”.
Tras reiterar que se acredita la causa de utilidad pública prevista en la Ley de Expropiación, en el documento se apunta que “derivado de la importancia que representa el Tren Maya, y a efecto de evitar pérdidas económicas innecesarias al erario, es preciso fortalecer la viabilidad técnica durante la construcción del proyecto, por lo que resulta procedente decretar la ocupación temporal inmediata de los polígonos”.
Sobre la obra, que tiene un trazo total de mil 525 kilómetros en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se explica que está orientada a incrementar la derrama económica del turismo en la península, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente de la zona, desalentando actividades como tala ilegal y tráfico de especies, así como propiciar el ordenamiento territorial de la región.
Además, “funcionará como corredor humanitario” para entregar apoyos alimentarios o médicos en las comunidades indígenas y pueblos marginados del sureste del país.
