Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez seguridadydefensa @gmail.com
Las relaciones de México con Estados Unidos entraron en una zona de tensión con el rechazo del presidente López Obrador a las presiones de la embajada estadounidense para dar marcha atrás a la ley de reforma eléctrica.
Las gestiones del embajador Ken Salazar carecieron de sensibilidad y en dos ocasiones se apersonó en Palacio Nacional para salir de ahí sin ninguna voluntad de entendimiento. La amenaza de supuesta pérdida de 10 mil millones de dólares por castigos fue desdeñada sin siquiera procesarla.
En el fondo, el problema fue la incomprensión del diplomático sobre el tono que deben tener las relaciones entre los dos países vis a vis una agenda mayor a la de los intereses de las empresas estadounidenses que están a punto de perder contratos por irregularidades en la negociación con las autoridades del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Algunas fuentes señalan que el embajador recibió en Palacio Nacional referencias concretas a empresas en situaciones irregulares y careció de argumentación en contra para defenderlas. El mensaje mexicano fue muy claro: no habría expropiaciones de empresas, sino tan sólo la anulación de contratos con evidentes irregularidades.
Asimismo, el embajador Salazar pareció percatarse un poco tarde de la agenda de relaciones y temas bilaterales, sobre todo por la prioridad del tema de los cárteles del narcotráfico y el problemón migratorio que se le está acumulando al presidente Biden en la frontera por modificaciones en las leyes migratorias.
A nivel interno, el Gobierno estadounidense está encontrando oposición férrea en las bancadas republicanas, sin que las iniciativas oficiales para regularizar el flujo de personas puedan consolidarse. El expresidente Donald Trump señaló ya una oleada de hasta 12 millones de migrantes a las puertas de Estados Unidos.
ZONA ZERO
Las preocupaciones estadounidenses sobre el narcotráfico se siguen centrando en el contrabando de fentanilo que no ha podido ser detenido en la frontera y que en México no se ha perseguido con la suficiente firmeza. El Cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán, encargado de la producción y contrabando de fentanilo, está en manos de su hijo Ovidio Guzmán López, pero no se percibe ningún operativo de seguridad para perseguirlo o para anularle sus exportaciones ilegales a EU.
