- Es preciso repensar en enfrentar las descomunales deudas que AL padece. Debe hacerse empezando por una profunda auditoría de los endeudamientos y su destino
La Jornada/José Blanco
Uno de los hechos más irracionales y más atroces que cada día trituran la vida de los mexicanos es el pago de la deuda pública. Como siempre, es un hecho especialmente abominable para los de abajo. Según el derecho internacional, la porción contraída con el extranjero debe llamársela deuda odiosa, deuda execrable, deuda ilegítima o deuda injusta, porque quienes la pagan no la contrajeron ni la solicitaron; no es, por tanto, exigible. Pero en los hechos, nadie se escapa de pagarla, aún los que no han nacido. Interna o externa, son deudas más que odiosas.
La restricción que introduce el derecho internacional no es válida: la deuda pública interna tiene exactamente el mismo carácter que la externa. En ambos casos su pago tiene un impacto devastador, y la población que la paga, no la solicitó: no es exigible. Nunca ningún candidato a ocupar el Poder Ejecutivo avisó que incurriría en endeudamiento interno y externo a cargo de los ciudadanos. El programa de gobierno que han propuesto para ser elegidos no menciona nunca la intención de exprimir al pueblo mediante la deuda odiosa. Por supuesto, así no funciona el mundo, pero nada obliga a aceptar tamaño despropósito que enriquece a un puñado de privilegiados a costa de la vida de los más.
En México, en 2020 las repercusiones económicas y sanitarias del covid-19 provocaron una pérdida de ingresos del orden 317.8 mil millones de pesos (mmp). En tanto, el servicio de la deuda (intereses incluidos) fue de 727.7 mil mmp, más del doble.
En los últimos 10 años, el costo de la deuda ha crecido más que el presupuesto destinado a inversiones físicas y programas públicos. En tanto el pago de intereses y servicio de la deuda aumentó a una tasa promedio de 6.6 por ciento anual, el gasto programable –gasto corriente y de inversión destinado a proveer de bienes y servicios públicos a la población– apenas lo hizo a una tasa de 1.1 por ciento; y la inversión física ha caído a una tasa promedio de menos 5.2 por ciento anual.
En el mismo lapso la economía mexicana ha crecido a una tasa promedio de 1.8 por ciento anual y los ingresos públicos a una tasa de 2.4 por ciento; mientras, el costo de la deuda ha crecido 3.6 veces más que la economía y 2.7 veces más que los ingresos públicos. Estas dispares relaciones de crecimiento provocan que México sea uno de los países que mayores proporciones del gasto público haya debido destinar al pago de intereses de la deuda, entre los países miembros de la OCDE. En 2018, por ejemplo, el pago de intereses absorbió 13.4 por ciento del gasto público, mientras, en promedio, los miembros de la OCDE destinaron 4 por ciento del gasto a ese rubro. Parte de la explicación se halla en el nivel de las tasas de interés: México ha pagado con tasas del orden de 5 por ciento, pero EU o Japón lo hacen con tasas inferiores a 2 por ciento (datos y estimaciones en Carlos Vázquez Vidal: https://ciep.mx./oUTO).
Ningún país, especialmente del sur global, debiera nunca aceptar como normal estas realidades del capitalismo, empeoradas sensiblemente durante su periodo neoliberal. Es un atraco vil al que el sistema le dio desde siempre fuerza de ley. Porque así lo manda la formación y distribución del valor en este sistema, unos cuantos poseen el derecho de recibir ingentes montos de dinero a cambio de nada. Qué reciben los mexicanos a cambio de los miles de millones entregados como pago de intereses a los beneficiarios últimos del que se llamara Fobaproa, hoy IPAB: nada. Estos señores (mexicanos y extranjeros) poseen un cupón, cédula o acción (la forma legal es lo de menos), que representa el derecho de recibir cuantiosos fondos, generados por el trabajo de otros. Es rapiña pura y dura. Es el derecho a desvalijar brutalmente a otros, a cambio de nada. Es el monopolio de la propiedad, de todas las formas del capital (industrial, comercial, inmobiliario, bancario) que, en nuestros días, ha llegado mayormente a sus dueños por el mecanismo de la herencia. Estos propietarios no han hecho nada de nada; ni siquiera condujeron el proceso de formación de sus capitales; sólo son propietarios multimillonarios con derecho a vivir en el consumo más estrambótico, con dispendios estrafalarios que atentan contra la naturaleza. Sus autos, sus aviones, sus helicópteros, sus yates, sus mansiones, son agentes tóxicos que afectan agudamente la vida de aquellos que generan los recursos de los que viven esos mismos rentistas.
En América Latina existe amplia experiencia sobre el repudio de la deuda externa. México lo hizo en 1920-1945. Dejó de pagar una deuda impagable. Negoció por más de 20 años, y pudo descontar cerca de 90 por ciento de los adeudos.
Es preciso repensar en enfrentar las descomunales deudas que AL padece. Debe hacerse empezando por una profunda auditoría de los endeudamientos y su destino. Ha habido un uso corrupto de los endeudamientos: es la sospecha; durante el periodo neoliberal, con frecuencia crecieron en México, a la par, deuda e ingresos petroleros.
