Columna: La Divisa del Poder Adrián Trejo www.24-horas.mx
En menos de seis meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido al rescate de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que con todo y la “asesoría’’ de su papá, Félix Salgado, no ha podido contener la ola de violencia que castiga a la entidad.
El incendio, en Acapulco, de un mercado a manos de la delincuencia organizada por la negativa de algunos locatarios de pagar derecho de piso, la aparición cotidiana de cadáveres en el puerto, los constantes hechos de violencia ligada a la delincuencia organizada en la zona de la montaña son algunos de los focos rojos que las autoridades locales se niegan a ver.
Salgado recibió el apoyo del gabinete legal y ampliado el 24 de octubre pasado; ningún gobernador ha sido respaldado así por el Presidente.
Incluso está comprometida la construcción de varios cuarteles militares para sumar 24 en la entidad. Y pese a la presencia masiva de la Guardia Nacional y militares, siguen registrándose actos de violencia de alto impacto social y otros que no son denunciados por temor a represalias.
La cifra negra de delitos no reportados debe ser superior, por mucho, a los oficialmente registrados. Ayer el Presidente anunció el envió de 3,000 millones de pesos al estado para caminos rurales.
Otro apoyo que pocos gobernadores han tenido, aunque lo hayan solicitado.
A ver si los grupos que dominan la región de la montaña y su cada vez más amplia base social no impiden la construcción de esos caminos.
La constructora ICA Fluor enfrenta la inconformidad de transportistas del sindicato Libertad, que acusan al director de proyectos Ascensión Medina de otorgar contratos a empresas que incluso están inhabilitadas por malas prácticas.
El 9 de febrero pasado, un enfrentamiento entre los trabajadores de ICA y los del sindicato Libertad, en la planta de Atotonilco de Tula, dejó un trabajador muerto. El fondo del problema, según el sindicato Libertad, es que Medina ha concedido contratos a la empresa Citapia, propiedad de Juan Carlos Tapia, inhabilitada por malas prácticas.
Para saltar su inhabilitación, Tapia constituyó empresas con razones sociales distintas a las cuales Medina sigue concediendo contratos en detrimento de transportistas de otros sindicatos.
El empresario y su empresa se han visto involucrados en escándalos como el de Odebrecht, que habría sido recomendada por Emilio Lozoya para recibir contratos de la brasileña.
También enfrentó, hace meses, indagatorias de las autoridades judiciales por el hallazgo de conductos que presuntamente llevaban huachicol a su planta en Hidalgo, de acuerdo con publicaciones de entonces. A ver.
Las observaciones multimillonarias que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gasto del Gobierno federal en 2020, por espectaculares que parezcan, no dejan de ser eso, observaciones.
Por el momento.
Destacan las observaciones hechas a las grandes obras del sexenio, comenzando por el nuevo aeropuerto, por casi 20,000 millones de pesos, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, por más de mil millones.
Hay también observaciones al gasto destinado al combate a la pandemia por más de 2,500 millones de pesos así como a algunos programas de la Secretaría de Educación Pública.
El asunto, que da para encabezados espectaculares, señala errores de contabilidad que sólo en el caso de no ser sustentados se convierten en delitos. Los organismos observados tienen un plazo de 30 días para demostrar que se trató, efectivamente, de errores contables o de registro, pero no de actos de corrupción premeditados.
Así que no hay que irse con la finta…por el momento. ¿Cuántas de las observaciones de la ASF de las auditorías pasadas terminaron en denuncias penales?
Ni una.
