Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez www.24-horas.mx
La sombra del embajador Carlos Pascual parece haberse aparecido en los pasillos de la representación diplomática estadounidense en paseo de la reforma.
En octubre de 2009, Pascual fue cesado de su cargo y regresado a Washington por presiones del presidente Felipe Calderón, debido a informes intervencionistas que distorsionaban la realidad de México.
El presidente López Obrador reventó en Palacio Nacional la denuncia de que el actual embajador Ken Salazar estaba asesorando a grupos opositores a decisiones presidenciales mexicanas y violentando con ello su función de representación diplomática.
La visita urgente de Salazar a Palacio Nacional el miércoles pasado fue interpretada como la presentación de disculpas y el compromiso diplomático de no referirse a asuntos de política interna de México.
El embajador Salazar, por su papel de intervención en el proceso legislativo amenazando a mexicanos por crear grupos de amistad y exigiendo la no aprobación de la ley eléctrica, recordó los tiempos del nefasto embajador John Gavin en 1984 y 1985 para bloquear decisiones nacionales mexicanas.
Las intenciones del embajador Salazar no fueron diplomáticas, pues se saltaron el proceso institucional de que primero tiene que existir una ley y después se definen las protestas de inversionistas presuntamente afectados, además de acudir no a la Casa Blanca sino a los tribunales para la solución de controversias.
Salazar quiso echarles a los legisladores mexicanos todo el peso de la Casa Blanca para bloquear la aprobación de la ley eléctrica.
El embajador Pascual fue acusado en privado con el presidente Obama, en tanto que Salazar ha sido señalado en público por el presidente López Obrador de intervencionista en asuntos legislativos mexicanos.
ZONA ZERO
Se iniciaron ya las campañas para elegir gobernador en seis entidades de la República, pero sin que la autoridad electoral o las autoridades federales de seguridad le hubieran puesto candados al proceso de votaciones para impedir que bandas del crimen organizado no solo intervengan en el proceso, sino que comprometan decisiones de algunos candidatos a cambio de apoyo económico y logístico. Quintana Roo aparece con todos los focos rojos encendidos, pero sin que nadie atienda a esa prioridad.
