Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez @carlosramirezh
La clase política no ha entendido la lógica de la seguridad: no se trata de una lucha de buenos contra malos, sino de la función prioritaria del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de sus propiedades y del Estado, ante el creciente fortalecimiento del crimen organizado y de la delincuencia desorganizada.
Lo que hace falta en la actualidad no es atarle las manos a los cuerpos de seguridad, salvo con la regulación institucional del uso de la fuerza, el respeto a los derechos humanos y las garantías al debido proceso, pero la argumentación política y social contra el fortalecimiento de la estructura de seguridad alrededor de la Guardia Nacional está creando un mal ambiente de que viene una fase de represión política e ideológica contra la sociedad, como si la Guardia fuera una versión acrecentada de la Dirección Federal de Seguridad que fundó el PRI, avaló el PAN y respaldaron los priistas de la Corriente Democrática hoy en el PRD.
El mensaje de cuestionamiento político de la oposición en el Congreso, de organizaciones sociales activistas y de medios de comunicación podría -y debería- estar siendo leído con tranquilidad y satisfacción por los mandos del crimen organizado y la delincuencia desorganizada porque estarían viendo que la estructura de seguridad estatal carece de consenso social y tendrá limitaciones operativas en las calles.
El problema con los cambios en estructuras de seguridad no radica en el enfoque de seguridad interior derivado de la doctrina de seguridad nacional para la defensa de la soberanía del Estado, sino en la falta de actividad operativa de la Guardia por las limitaciones de la estrategia de construcción de la paz. El fortalecimiento del crimen organizado ha sido posible por el repliegue estratégico de la seguridad. Ahí es donde deberían las fuerzas sociales abrir un debate.
ZONA ZERO
La equidistancia desigual entre seguridad y delincuencia está a la vista: mientras el Estado ha fallado en la organización del aparato de Justicia, el crimen organizado ha crecido exponencialmente: nueve cárteles del crimen organizado, más de 50 importantes bandas delictivas dedicadas a delitos de fuero común y millares de asociaciones delictuosas, con preocupantes indicios de articulación entre ellas para construir lo que el Gobierno federal ha caracterizado ya como poder cuasimilitar de la delincuencia.
