El nuevo argumento que el Grupo Xcaret utilizó en su defensa sigue frenando una vez más la investigación ministerial que busca esclarecer la muerte de Leonardo Luna Guerrero
Luces del Siglo/Marco Antonio Barrera
En uno de los tres amparos que mantiene activos el Grupo Xcaret contra una consumada orden de cateo al Parque Xenses, la empresa ahora alegó la presunta existencia de una determinación que resolvió el no ejercicio de la acción penal tras la muerte del joven “Leo”.
La supuesta resolución la atribuyó al fiscal del Ministerio Público del Fuero Común, Cristopher Cid Hurtado, que intervino en el procedimiento de origen mediante la integración de la carpeta auxiliar 51/2021 de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.
El nuevo argumento de la empresa que utilizó en su defensa sigue frenando una vez más la investigación ministerial que busca esclarecer la muerte de Leonardo Luna Guerrero, de 13 años de edad, quien fue succionado por una coladera mal tapada del sistema de filtración de la atracción ‘Riolajante’ de la Riviera Maya, el 27 de marzo de 2021.
El caso a estudio forma parte de un paquete de amparos activos ante la justicia federal, mediante el cual la empresa Experiencias Xcaret Parques, S.A.P.I. de C.V., mantiene empantanada la resolución de un juez federal, al reclamar ahora el incierto destino que tuvo un supuesto documento exculpatorio que habría formado parte de la indagatoria criminal de origen.
La impugnación legal de la empresa ha impedido que se resuelva el reclamo interpuesto contra una de las técnicas de investigación ejecutadas por la Fiscalía, el 6 de mayo del año pasado. De acuerdo con el juicio de garantías 28091189 radicado (desde el 21 de mayo pasado) en el Juzgado Segundo de Distrito, se ha solicitado a su titular ordenar en repetidas ocasiones al Juez de Control que le sea enviado el presunto documento decretado a favor de parque acuático.
Pero el juez de despacho del Juzgado de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad ha contestado “la imposibilidad que tiene para remitir las constancias relativas al no ejercicio de la acción penal confirmada el 9 de diciembre de 2021”.
Lo anterior, en virtud de que el multicitado documento no obra en el expediente original, pero que, para la empresa representada legalmente por Ricardo Emiliano Paredes Zúñiga, “resultan necesarias para resolver el presente asunto”.
El Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad ya remitió al juez federal la totalidad de las constancias que integran la carpeta auxiliar, el 31 de diciembre pasado.
Pero el juicio de garantías sigue sin resolverse, a pesar de que se requirió para expresar lo que a su derecho convenga al tercero interesado y ofendido, Miguel Ángel Luna Calvo, quien es padre del joven fallecido en la atracción acuática de la Riviera Maya.
La disputa jurídica en este caso va para largo, ya que la audiencia constitucional donde se resolverá el pretendido amparo que estaba programada originalmente para el 29 de junio pasado se ha pospuesto en siete ocasiones. La nueva fecha fue programada para el 10 de febrero.
En al menos otra decena de amparos, el Grupo Xcaret se ha ocupado más en impugnar jurídicamente cada paso que se da en la carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/1675/2021, que contribuir a esclarecer los hechos para deslindar responsabilidades.
La estrategia legal de la empresa únicamente ha entorpecido el proceso de investigación para saber quién o quiénes son los responsables de la tragedia ocurrida al joven “Leo”, que hizo su último viaje desde Durango para celebrar que junto con su familia había vencido al Covid-19.
Las impugnaciones de Experiencias Xcaret Parques han sido por supuestas omisiones de contestar sus escritos, de evitar llamar a declarar a sus representantes para aportar pruebas a su favor, de negarle información de las pesquisas e impedirle el acceso a la carpeta de investigación, cuyos reclamos se han ido resolviendo en su contra en diversos juzgados de Distrito con sede en Quintana Roo.
