El ex funcionario lleva en su cuenta más de 30 juicios de amparo, de los que ha conseguido una decena de resoluciones favorables en diversos juzgados federales de Quintana Roo y Yucatán
Luces del Siglo/Marco Antonio Barrera
En uno de la veintena de juicios de amparos que ha promovido por mantener su libertad, el presunto operador financiero de desvíos millonarios de recursos públicos durante el borgismo, Juan Pablo Guillermo Molina, intentó cancelar sin éxito la orden de aprehensión dictada en su contra desde el 28 de junio de 2017.
Como parte de la carpeta administrativa 151/2017, el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, recibió la petición del ex funcionario pero la negó por improcedente mediante un acuerdo emitido el 16 de marzo del año pasado.
El ex secretario de Planeación y Finanzas durante la gestión del ex gobernador Roberto Borge Angulo insistió en cancelar la orden de apresarlo mediante un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, registrado bajo el número 27844905, el 8 de abril de 2021.
Pero Guillermo Molina lejos de obtener medidas cautelares recibió como respuesta una declarada incompetencia por cuestiones de territorio, cuya resolución debía ser resuelta por un Juez de Distrito en Materia Mixta con residencia en Chetumal.
“Resulta claro que la negativa a acceder a su solicitud de que se cancele la orden de aprehensión, conlleva un acto negativo con efectos positivos, cuya ejecución material la constituye precisamente la ejecución de dicha orden de aprehensión, que se llevará a cabo materialmente en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, lugar en el que el suscrito resolutor carece de competencia para resolver el asunto”.
Inconforme con la resolución, el imputado presentó un recurso de queja penal (número 27930190), turnado al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito de Yucatán, que se canalizó para resolución a la ponencia del Magistrado Jorge Enrique Efen Wynter García, el 21 de junio del año pasado.
Pasaron otros seis meses hasta que el tribunal de alzada emitió una sentencia que validó a la primera, que por segunda vez desechó el reclamo por improcedente, mediante un fallo con unanimidad de votos a los que se sumaron los magistrados Pablo Jesús Hernández Moreno y Juan Carlos Moreno López, el 2 de diciembre pasado.
Las solicitadas medidas cautelares fueron turnadas para su resolución definitiva al Juzgado Sexto de Distrito de Quintana Roo, que aceptó la competencia para resolver el asunto en el juicio 28357757, el 5 de julio pasado. Como parte del juicio de garantías se analizó el informe del Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, que reconoció la negativa de conceder la cancelación de la orden de aprehensión.
El juez de distrito emplazó también como tercer interesado al Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación y Acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo. Del análisis del amparo se emitió una sentencia que sepultó en definitiva el pretendido reclamo del borgista, el 6 de enero del presente año.
Juan Pablo Guillermo permanece oculto hace más de cuatro años para evitar su captura por acusaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.
El ex funcionario lleva en su cuenta más de 30 juicios de amparo, de los que ha conseguido una decena de resoluciones favorables en diversos juzgados federales de Quintana Roo y Yucatán.
Sobre Guillermo Molina hay al menos siete cargos penales denunciados por la Secretaría de la Contraloría estatal, que lo señalan como presunto responsable del desvío de tres mil 177 millones de pesos.
Ante el Congreso del Estado de Quintana Roo tiene también pendiente un juicio de responsabilidad política mediante un proceso que encabeza la Comisión Instructora desde la pasada XV Legislatura.
