+CLARO/Alejandro Ramos Magaña
Hoy más que nunca, en pleno siglo XXI, el agua representa el mayor desafío para la sociedad y los gobiernos. El cúmulo de problemas en esta materia son cada vez más graves: fallas en la gestión del agua, deficiente y caduca infraestructura, detrimento en la calidad de los servicios, precarios financiamientos, así como los altos impactos económicos y ecológicos que implica la operación de los sistemas de abasto de agua y drenaje.
Y vale precisar que los conflictos sociales por el agua se intensifican en el país. Las poblaciones crecen y demandan más agua, pero las fuentes se agotan. El modelo hidráulico está rebasado, es anacrónico, injusto y desigual en varias regiones de México.
Y en materia legislativa, llevamos nueve años esperando la aprobación de la Ley General de Aguas, pues debió haber entrado en vigor en 2013, pero como no es prioridad en la agenda del Congreso federal el desorden continúa en todo el territorio nacional y por eso se siguen renovando sin un estricto control las concesiones a empresas e industrias para seguir extrayendo agua del subsuelo y con ello se mantiene un manejo irresponsable del acuífero. Los pozos están agotados y se debe sacer menos agua. Urge esta ley para reglamentar el derecho humano al agua, y con ello distribuir la responsabilidad en el Estado mexicano, entidades, municipios y la sociedad misma.
Y qué decir del reúso del agua, el cual es mínimo en el país, y de lo que se recicla una parte va a las industrias y para riego de áreas verdes. En la mayoría de los estados y municipios del país el tratamiento es casi insignificante, grandes volúmenes se van al drenaje junto con las aguas pluviales.
También se debe reglamentar que los organismos operadores de agua en el país, sean encabezados por personal experto y calificado (certificados por colegios e instituciones de educación superior), y con ello eliminar el modelo politizado que tanto daño le hace a México, ya que llega gente sin preparación sólo por el dedazo o compadrazgo, del gobernante en turno.
Además, el cambio climático ha vulnerado al país con la alteración de los ciclos del agua y altas temperaturas, pues cada año llueve menos, las presas se secan y los pozos se agotan, y no hay que olvidar que el 70% de la población en México depende del abasto del acuífero.
El caso de Nuevo León, que enfrenta la peor sequía en su historia con presas secas y pozos agotados, es una señal de alerta para todo el país, pues como bien dicen los expertos lo mismo está sucediendo en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí, y la Ciudad de México y Zona Metropolitana, entre otros.
La pregunta obligada es qué vamos a hacer para los siguientes 50 años y con cambio climático. Cómo vamos a preservar las cuencas hidrológicas que se extienden por territorios cada vez más poblados y fragmentados en la gestión del agua, como son Michoacán, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.
¿Cómo cambiar el consumo de agua? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo evitar seguir sacando más agua de los acuíferos? Por ahora, es necesario impulsar un plan hidráulico con tarifas diferenciadas y que se masifique la instalación de medidores para que pague más quien más consuma agua y sancionar el desperdicio, y elevar penas contra quien explote ilegalmente un pozo o trafique con el vital líquido.
Ese plan a por lo menos 50 años debe venir también acompañado de las mayores inversiones en agua de forma sostenida. Quien fuera por 12 años director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, propuso un plan de inversión de 110 mil millones de pesos anuales sostenidos para las siguientes cinco décadas con el fin de preservar las fuentes de abasto y renovar la infraestructura obsoleta que data de hace 50-60 años.
Como estas inversiones no dan votos, tal vez por eso los políticos no toman en serio la severa crisis hídrica del país. En realidad vivimos de igual forma una crisis de gobernabilidad hídrica.
¿QUÉ HA PASADO EN EL PAÍS?
Veamos, la sequía de 2019 marcó un registro histórico nacional como una de las temporadas extremadamente secas en el país, tanto, que afectó hasta los estados donde típicamente llueve en gran parte del año.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró el impacto de la sequía extrema en los estados con mayor disponibilidad hídrica de Chiapas, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En estas entidades, en ese año, llovió 50% menos de la media normal, pero las sequías volvieron a repetirse en 2020 y en 2021, y los déficits de precipitaciones se mantienen en las regiones húmedas, y con mayor impacto en los estados secos del norte del país.
La Sociedad Meteorológica de Estados Unidos (AMS por sus siglas en inglés), informó que en 2020 México rompió récord al registrar temperaturas por encima del promedio normal las cuales se mantuvieron durante todo el año con un registro medio anual de 22.4 grados Celsius, mientras que los años más cálidos fueron 2017, 2019, 2021 Y 2022.
El reporte de la AMS incluyó también en los récords de altas temperaturas a 17 países europeos, así como a Japón y el archipiélago de Seychelles en África, y en Estados Unidos, Furnace Creek; en Death Valley, California registró 54.4 grados el 16 de agosto de 2020, que es la temperatura más caliente medida en la Tierra desde 1953; y el 20 de junio de ese año, el termómetro alcanzó 38 grados en Verkhoyansk, Rusia, lo que los científicos califican como la temperatura más alta jamás medida dentro del Círculo Polar Ártico.
El organismo difundió que la temperatura media nacional de 2020 estuvo 1.5 grados por encima del promedio de 1981-2010, además de igualar con 2017 y 2019 como el año más cálido desde que comenzaron los registros de temperatura en 1953. Y los meses de enero a noviembre del año pasado fueron más cálidos que el promedio, especialmente entre enero y marzo, que se ubicaron entre los cinco períodos más cálidos registrados.
Y la AMS agrega que los estados de Puebla y Yucatán registraron su año más cálido, mientras que otras 10 entidades de la República tuvieron su tercer año consecutivo más caluroso.
Estas evidencias nos indican que los fenómenos meteorológicos de calor extremo se van recrudeciendo por el calentamiento global.
De acuerdo con la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, pese a que por la pandemia por el COVID-19, se redujo la movilidad motorizada entre 2020-2021 con una disminución de entre 6 y 7% en la quema de combustibles fósiles, la concentración atmosférica de gases efecto invernadero (GEI), principalmente del dióxido de carbono (CO2), se incrementó a niveles más altos en el registro climático.
La evidencia científica del monitoreo del calor nos advierte de escenarios de riesgo. En el caso de México, las sequías extremas catalizarán fenómenos de migración climática al interior del país, y no estamos preparados para atenderlos.
Un estudio del Banco Mundial (2020) prevé que para 2050 más de 3 millones de mexicanos se verán forzados a abandonar sus lugares de origen a consecuencia de los impactos del cambio climático. Y ubica a las regiones del Golfo de México donde habrá movilizaciones masivas, principalmente de Tabasco y Veracruz; y en la zona sur, Chiapas y por la región del Pacífico, Guerrero.
Y los pronósticos de desplazamientos forzados tendrán como destinos al Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Baja California.
Los escenarios tienen como base la situación que ahora ocurre en estas regiones como son la deforestación, erosión de tierras, sequías, escasez de agua, cambios de uso de suelo, mala calidad del aire, contaminación de cuerpos de agua y suelo, proliferación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo, conflictos por el agua, entre otras.
Además, los huracanes son más potentes debido al calentamiento global, y en consecuencia las inundaciones están siendo cada vez más catastróficas (como ocurre en Tabasco, siendo una zona altamente vulnerable donde hoy se encuentra la cuestionada refinería de Dos Bocas).
Sobra decir que es de alta prioridad que los estados y la Federación diseñen por ley programas a 50 años con marcos jurídicos y políticas públicas para prevenir y mitigar los efectos del calentamiento global, así como acelerar la descarbonización de la economía, pues la huella de carbono nos está cobrando la factura y por eso sumamos cada vez más récords, pero de escenarios de alto riesgo. Los tomadores de decisiones siguen ignorando las pruebas del cambio climático e ignoran las alertas.
Un Informe de políticas de la ONU-AGUA (2021) advierte que, por cada grado de calentamiento global, casi el 7% de la población mundial padecerá la disminución de al menos el 20% de los recursos hídricos renovables.
