En su primer posicionamiento público al respecto, la empresa estadounidense Vulcan Materials Company da a conocer que está en disposición de zanjar el arbitraje internacional iniciado en 2018 para lograr a un acuerdo de buena fe con el gobierno mexicano
El Economista/Jesús Vázquez
En su primer posicionamiento público al respecto, la empresa estadounidense Vulcan Materials Company da a conocer que está en disposición de zanjar el arbitraje internacional iniciado en 2018 para lograr a un acuerdo de buena fe con el gobierno mexicano. La empresa adelanta que parte de ese acuerdo sería que les permitan hacer “una contribución para el desarrollo del Tren Maya, así como para el impulso de la región”.
Para ello plantean que la terminal marítima de Punta Venado se convierta en “un elemento de infraestructura importante para la entrega oportuna de los materiales de construcción que requiere el proyecto (Tren Maya), y que las propiedades de la empresa puedan contribuir a potenciar la zona, mientras se evalúan alternativas para coexistir en el futuro”.
La empresa Vulcan, cuya filial en México se denominó por muchos años como Calica y más recientemente como Sac-Tun, ha sido mencionada en varias ocasiones durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido al arbitraje internacional contra el gobierno mexicano iniciado por la propia empresa debido a presuntas violaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que causaron afectaciones a la compañía.
“Resulta que le dieron a esa empresa dos concesiones, hace 20 años, para extraer material y llevarse el material a Estados Unidos por barco; entregaron el permiso el día 30 de noviembre del 2000, dos días antes de que entrara el nuevo gobierno (del PAN), o sea estaba Ernesto Zedillo; le dieron la concesión, escarban y dejan los socavones, se les venció el plazo, tanto de la mina como para uso del Puerto”, detalló AMLO en su conferencia mañanera del lunes 31 de enero.
“Es como destruir el paraíso, y esto lo estamos viendo porque a lo mejor los dueños ni saben y en una de esas hasta participan en los congresos de cambio ambiental. Entonces, por aquí sacan a Estados Unidos. Y así están otros casos ahí, un desorden”, añadió el mandatario.
En 2021, el banco de materiales de dicha compañía fue clausurado por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque el arbitraje internacional inició tres años atrás.
Disposición al diálogo
En su posicionamiento público, la empresa detalla que “aunque la resolución de este procedimiento está por emitirse, la empresa ha manifestado desde el inicio su disposición para alcanzar un acuerdo fuera del arbitraje y continúa buscando una solución de buena fe con el Gobierno de México para resolver esta diferencia”.
Argumentan que generan casi 500 empleos en los cuatro lotes que poseen en Playa del Carmen. Dichos predios son La Rosita, de donde extraen y procesan piedra caliza desde 1987, “mediante un permiso que se encuentra totalmente vigente”, aseguran. El otro predio es Punta Venado, desde donde la empresa exporta piedra caliza a través una terminal marítima privada, la cual tiene concesión válida hasta el año 2037.
Los otros dos predios son El Corchalito y la Adelita, los cuales están contemplados para la extracción de piedra caliza con sus correspondientes autorizaciones de impacto ambiental, “una estatal y otra federal”, sin embargo, ninguno está activo en la actualidad.
