- Ayuntamiento de Puerto Morelos argumenta varios ilícitos de exalcaldesa. Las denuncias están en Fiscalías Especializadas Anticorrupción
El Ayuntamiento de Puerto Morelos ha interpuesto seis denuncias penales ante las Fiscalías Especializadas de Combate a la Corrupción del ámbito federal y estatal contra la gestión municipal encabezada por la actual diputada federal Laura Fernández Piña.
Las querellas obedecen a actos presuntamente constitutivos de delitos maquinados en la administración 2018-2021, los cuales tienen que ver con obras inconclusas o que no fueron realizadas, y la probable comisión de defraudación a los regímenes de seguridad social de los trabajadores.
Igualmente, por los ventajosos contratos mediante asociaciones público-privadas, con los que otorgaron concesiones del alumbrado público y la construcción de un nuevo Palacio Municipal a compañías en las que tiene interés el empresario Carlos Alberto Moyano.
En una denuncia penal presentada el 15 de marzo del año pasado, se detalla la irregularidad supuestamente encontrada en obras públicas inacabadas que se pagaron con recursos federales, por cuyo incumplimiento inició una carpeta de investigación un Agente del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en la Ciudad de México.
En materia administrativa se desglosaron tres expedientes de obras ejecutadas con recursos federales provenientes del Fondo de Infraestructura Municipal contra servidores públicos y particulares, cuyas investigaciones se mantienen en curso y una vez concluidas serán turnadas a las autoridades competentes para iniciar los procesos administrativos correspondientes.
En las citadas carpetas de investigación se sustentaron los hechos denunciados mediante un informe de la presunta responsabilidad administrativa contra también quien resulte responsable, mismas que se turnarán a la autoridad competente para dar cauce a procedimientos sancionatorios del Tribunal de Justicia Administrativa.
Otra querella penal que tiene que ver con el desfalco de 90 millones de pesos por cuotas laborales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual se radicó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR.
La acusación tiene que ver por la probable comisión de defraudación, cuyo caso igualmente se radicó ante un Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
Las autoridades municipales responsabilizan a sus antecesoras de incumplir 20 cuotas obrero patronales mensuales y 10 meses del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores, de 2020 a 2021.
Las aportaciones fueron retenidas de la nómina, pero sin ser enteradas al Instituto, por cuya omisión se dejó sin seguridad social a los empleados en plena pandemia del Covid-19.
Otras tres denuncias penales iniciadas por la administración que encabeza la alcaldesa Blanca Merari Tziu fueron presentadas por la Sindicatura Municipal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Zona Dos del Estado.
Un par de denuncias corresponden al ámbito local presentadas ante autoridades de Chetumal, en las que se acusa la comisión de los probables delitos de coalición indebida y del uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público.
Una tercera querella es del orden federal, presentada ante autoridades en Cancún, la cual sugiere idear y ejecutar un esquema para operar con recursos de procedencia ilícita.
Los cargos tienen que ver con un par de concesiones otorgadas por Fernández Piña, a través de contratos bajo la figura legal de Asociación Público Privada (APP) por poco más de 647 millones de pesos a valor presente, que se pagarían con 2.9 millones de pesos mensuales por los próximos 20 años.
En los acuerdos, el municipio dejaría en garantía el 48 por ciento del total de sus participaciones federales por los siguientes 20 años.
La concesión del alumbrado público se otorgó a la moral OFN Quintana Roo, S.A. de C.V. por 383 millones de pesos que serían pagados con mensualidades de 1.59 millones de pesos cada uno por los siguientes 20 años, y cuya garantía se estableció el 25 por ciento de las participaciones federales anuales de la comuna.
La citada compañía pretendió que la justicia federal ordenara al municipio el cumplimiento del acuerdo al interponer cuatro juicios de garantías, pero todos los amparos le fueron sobreseídos en los juzgados Segundo, Tercero y Séptimo de Distrito de Quintana Roo.
El otro acuerdo impugnado es de una concesión a la empresa Inocaribe, S.A. de C.V. para construir y dar mantenimiento a un Centro de Atención a Ciudadanos pactado en 336 millones de pesos, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Como parte del trato, el Ayuntamiento pagaría 1.4 millones de pesos mensuales por los mismos 20 años, y quedaría en garantía el 23 por ciento de las participaciones federales municipales.
La citada compañía demandó igualmente el cumplimiento del acuerdo mediante cinco juicios de garantías, de los cuales tres fueron sobreseídos y uno desechado, mientras que el otro restante se mantiene activo en un recurso de revisión contra un fallo adverso a la mencionada empresa. Luces del Siglo/Marco Antonio Barrera
