Ayer socios y operadores de Uber ingresaron un escrito al Congreso local para solicitar juicio político en contra de funcionarios estatales; al tiempo que anunciaron inicio de operaciones en Chetumal
“Estamos comprometidos con el futuro de Quintana Roo. Queremos que el estado se convierta en un ejemplo para el resto del país, donde los usuarios puedan elegir la opción de movilidad que más les convenga”, comentó Juan Pablo Eiroa, director de movilidad de Uber México.
La disponibilidad de Uber en Chetumal deriva de un amparo obtenido por la empresa el 11 de enero del 2023, en el cual se determina que los servicios prestados por los socios conductores a través de la aplicación son privados, y por lo tanto, no es necesaria una concesión de transporte público o permiso en este estado.
Por su parte, los operadores de la plataforma en Cancún pidieron juicio político por el actuar irregular de Rodrigo Alcázar Urrutia, titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo); Erika Castillo Acosta, directora de Gobierno, y Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno.
Por el momento, legisladores locales alistan una reforma a la Ley de Movilidad que regulará a Uber y otras plataformas similares, pero ya sin la necesidad de que éstas tramiten una concesión otorgada por el gobierno del estado.
