- SETER, empresa mexiquense de Samuel Baez, se ha convertido de facto en el nuevo rentador de armas en la zona; por depósitos de $80,000 y propinas deja pasar por alto tiempos y normas establecidos para entregar las armas
Ciudad Juárez es una de las 5 ciudades fronterizas con mayor concentración de riqueza del país, su clase empresarial es de la élite del norte, entre ellas están las familias: Fuentes, de Grupo Imperial, Zaragoza, de Z Gas, Zaragoza Ito, de Tomza y Bermúdez, de Grupo Bermúdez, del fallecido expresidente municipal Jaime Bermúdez 86-89.
Al ser una ciudad fronteriza, la guerra entre cárteles por el control de la plaza para el paso de la droga a los Estados Unidos es constante y cada vez más violenta.
Una de sus jornadas con mayores enfrentamientos entre grupos del crimen organizado fue durante el periodo del gobierno municipal encabezado por Héctor “Teto” Murguía Lardizábal (2010-2013).
La ardua batalla campal entre el Cartel de Juárez, Cartel de Sinaloa, los Mexicles, los Artistas Asesinos, los Aztecas, los Zetas y la Línea, hizo que Ciudad Juárez fuera considerada durante esos años como la ciudad más peligrosa del mundo, por arriba de Kandahar en Afganistán, San Pedro Sula en Honduras y Cali en Colombia.
Era común que se desataran balaceras a cualquier hora del día y en cualquier lugar. La entonces Policía Federal utilizaba los hoteles 5 estrellas de la ciudad, como el Camino Real, como centro de arraigo a detenidos, centro de operaciones y hospedaje de mandos, todo al mismo tiempo, lo cual dejaba en indefensión a los empresarios que tenían que visitar la región por negocios.
A principios de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón nombró al General brigadier Alejandro Sandoval Torres, quien se desempeñaba hasta esa fecha como comandante de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez, encargado del Operativo Chihuahua que tenía como objetivo reducir los índices de inseguridad.
El General Sandoval vivió de primera mano el pulso local de la inseguridad y planteó una solución a partir de un plan de negocios personal, ya que su baja en el activo estaba próxima.
Al entrar en retiro y en segundas nupcias con Patricia Álvarez Rivera solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional una licencia particular colectiva de portación de armas de fuego para su reciente empresa Agencia de Seguridad Integral, y de manera inmediata con la ayuda de los contactos de su ahora esposa, ofreció y vendió indiscriminadamente rentas ilegales de armamento, inundando toda la ciudad de armas.
Empresarios, escoltas, industriales, veladores, meseros, prácticamente cualquier persona con el pago de $8,000.00 mensuales podía obtener el famoso “combo” que ASI ofrecía, recibiendo una pistola y una metralleta registradas ante la SEDENA.
Sin pagar las contribuciones sociales, impuestos sobre la prestación de servicios, la seguridad social requerida, y por supuesto, sin la infraestructura necesaria para el manejo de armas de fuego, las rentas de armamento se pusieron de moda con el famoso General Sandoval.
Tal fue el éxito que tuvo esta modalidad, que el General gustaba de presumir entre sus clientes que con la ayuda de sus antigüedades (generales activos en cargos relevantes) en SEDENA lograría ser la empresa de seguridad más grande de México.
Sin embargo, el éxito fue efímero, pues el semanario Proceso publicó en su edición número 2131 en septiembre de 2017 una investigación especial, a cargo del experimentado reportero en ese entonces y ahora director de la prestigiada revista, Jorge Carrasco Araizaga.
REVISTA PROCESO NÚMERO 213, DE SEPTIEMBRE DE 2017.
En dicha publicación, el autor relató con detalles sobre el crecimiento, los números, las anomalías, los abusos del General, la renta indiscriminada de armas, la evasión fiscal y de seguridad social entre otras. La SEDENA quien había entregado en menos de 3 años más de 3 mil armas a este General sin tener el respaldo de contratos que justificaran la prestación de tantos servicios armados, no tuvo otra salida más que cancelar la licencia y ordenar a la empresa a devolver todas las armas a la Secretaría.
El General Sandoval aún conserva cierta influencia, pues se sabe por información de la fiscalía, que casi 5 años después de la cancelación de su licencia existen personas que portan armas de esta al abrigo de un amparo y que ASI no ha dado cumplimiento a devolver las armas a la SEDENA.
Con la caída de la ASI los empresarios, acostumbrados a la renta de armas, quedaron huérfanos. Esta necesidad que se transformó en moda hizo surgir otras compañías copiando el modelo creado por Sandoval y emergió la empresa Energy Solutions of America AMETH con sede en Delicias, Chihuahua. AMETH, propiedad de la familia Carrillo Villafuerte, cuenta con varias razones sociales registradas: Poseidón Servicios de Seguridad Privada S.A. de C.V., Neviots S.A. de C.V., Agencia Nacional de Seguridad Privada Poseidón S.A. de C.V. e incluso tienen registrada una entidad en Panamá, país conocido por ser un paraíso fiscal, bajo la denominación Energi Solutions of Americas 2, S. A.
Esta empresa rescató a todo aquel que buscaba rentar un arma, AMETH no solo se quedó con los clientes de la extinta ASI, sino que expandió su negocio por diversas partes de la República incluyendo el estado de Quintana Roo en donde se vio involucrada en una serie de irregularidades entre las que se destaca la renta de armas a Inmobiliaria Investcum, propiedad del ciudadano rumano Florian Tudor, presunto jefe de la Mafia Rumana en aquel Estado y que entre otros delitos se les atribuye estar dedicados a la estafa en cajeros automáticos de la Riviera Maya.
Florian Tudor fue detenido por la Fiscalía General de la República en agosto del 2021 y se encuentra actualmente preso en el penal del Altiplano bajo los cargos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.
Con un cambio radical en este sexenio sobre el control de armas y una excelente coordinación, aunque con mucha rotación de directores entre la SEDENA y SSPC, también AMETH fue cancelada por violar sistemáticamente las disposiciones oficiales del uso del armamento, aunque no llegó a ser del tamaño de ASI.
Los empresarios una vez más quedaron en el desamparo para la portación de sus armas. En la actualidad existe una batalla por el control de la renta de armas, entre la Policía Bancaria, Comercial e Industrial de la gobernadora María Eugenia Campos y otras empresas de seguridad como Servicios Terrestres de Seguridad Privada SA de CV (SETER).
Por un lado, la gobernadora Maru Campos ha creado, al estilo Marcelo Ebrard, una policía para todo tipo de negocio.
Durante el paso de Ebrard por la Ciudad de México, creó la policía acuática para resguardar los canales de Xochimilco. Así, la gobernadora panista creó dentro de la Policía Bancaria del Estado el departamento de Policía Minera para resguardar las diversas minas que existen en la entidad, brindando servicios pagados a particulares, en detrimento de la seguridad pública que es tan necesaria en la región.
SETER, empresa originaria del Estado de México, propiedad de Samuel Báez Sepúlveda se ha convertido de facto en el nuevo RENTADOR de armas en la zona.
Escoltas pertenecientes a esa corporación, entrevistados para esta investigación y quienes pidieron mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, comentaron que la empresa renta y entrega armas pertenecientes a una licencia particular colectiva en dos días (cuando el trámite regular se lleva en promedio 90 días, según investigaciones de esta redacción), sin el registro correspondiente ante las distintas autoridades federales involucradas y por lo cual pide un depósito de hasta $80,000.00. Incluso mencionaron que por esta “módica” cantidad y una propina, la empresa puede “obviar” las evaluaciones correspondientes y poner a disposición de sus clientes el irregular y prohibido servicio de renta de armas el mismo día.
En diciembre 2019, la empresa SETER fue suspendida por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control De Explosivos, oficio S.L./29210 folio 185906, tras haber sufrido el robo de alrededor de 100 armas de fuego que se encontraban resguardadas en sus oficinas ubicadas en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.
De acuerdo con reportes policiacos de aquella época, la noche del 24 de diciembre de ese año uno de los elementos de la empresa había salido a comprar tortillas y al regresar los asaltantes aprovecharon para amarrarlo y obligaron a sus compañeros a abrir el acceso para ellos y sus cómplices y posteriormente abrirles el área de “búnker” de donde sustrajeron pistolas tipo revólver calibre .38 milímetros, pistolas Glock .380, escopetas Mosberg calibre 12 y subametralladoras Mendoza calibre .380 que sumadas fueron casi 100 piezas. Los ladrones además robaron una camioneta marca Ford Tipo Ranger.
En este escenario, los empresarios de la región son los menos culpables y los más afectados, pues la falta de atención e incapacidad por parte de las autoridades en el Estado, han generado que no existan las condiciones necesarias para que se desarrolle una oferta seria y estable de seguridad para su patrimonio y en un corto período de tiempo, tres empresas distintas han tratado con malas prácticas de satisfacer su demanda de protección contra la delincuencia.
El panorama no es nada favorable, si bien los empresarios necesitan protegerse ante la incapacidad del Estado, este modelo de renta de armas carece de sustento jurídico por lo que lejos de ayudarles, los pone en riesgo. Más grave aún, la proliferación sin control de renta de armas amplía la posibilidad de que grupos del crimen organizado y narcotráfico que operan en la zona tengan acceso a ellas y así poder justificar sus arsenales con un permiso de estas empresas.
El Independiente/Redacción Foto: Especial El Independiente
