- Personal del Tribunal Arbitral Internacional constató los daños ambientales propiciados por Calica en ‘La Rosita’
Integrantes del Tribunal Arbitral Internacional —que depende del Banco Mundial— constataron el daño ambiental en uno de los predios clausurados a la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), convertida ahora en Sac-Tun, en el municipio de Solidaridad.
La visita se realizó en cumplimiento de la “Orden procesal 8” durante tres días, el 18, 19 y 20 de julio pasado, en el predio “La Rosita” con superficie de 882.13 hectáreas, que autoridades ambientales mantienen clausurada como medida de seguridad por violar el uso de suelo en terrenos forestales sin contar con autorización ambiental.
El procedimiento forma parte de la disputa iniciada por la empresa filial del gigante estadounidense “Vulcan Materials” que acusó supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 2019.
Como parte de la batalla jurídica que la empresa extractiva mantiene en juzgados federales, volvió a interponer un juicio de amparo reclamando la audiencia de verificación de los inspectores del Tribunal, pero se le negó la suspensión definitiva, el viernes pasado.
El procedimiento pendiente de resolver por el organismo internacional busca conciliar a las partes, pero de agotarse sin éxito esa posibilidad procederá a dictar un fallo al que deberán sujetarse la empresa y el gobierno mexicano.
Para la asistencia de los árbitros se generó un acta circunstanciada en materia forestal, en la que se hizo constar su comparecencia durante los tres días.
El documento fue emitido por un inspector federal adscrito a la dirección general de Inspección y Vigilancia Forestal de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Igualmente, para que pudiera darse la audiencia fue levantada temporalmente la clausura total temporal decretada a “La Rosita” como parte del expediente administrativo OC001458RN2022VA003.
El acta de permiso fue autorizada por la directora general de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Profepa, el 17 de julio pasado.
El objetivo de la diligencia fue “permitir la inspección en dichos predios de los miembros del Tribunal Arbitral”, con el fin “únicamente para efectos del desahogo de la diligencia de mérito”.
La clausura se levantó y se retiraron temporalmente los sellos dando inicio a la diligencia a las 18:08 horas del 18 de julio del presente año, y una vez concluida se volvieron a colocar los sellos y ordenó seguir con la verificación al día siguiente, que comenzó a las 13:00 horas, e igualmente al final se pusieron los sellos de clausura.
En el tercer y último día de audiencia se repitió la misma dinámica, pero a partir de las 06:00 horas, hasta que se concluyó y se colocaron otros sellos definitivos.
La medida de seguridad impuesta en “La Rosita” se dio por un procedimiento administrativo que comenzó a las 08:00 horas del 4 de mayo, y que concluyó a las 11:00 horas con 15 minutos del día siguiente.
Ante la orden de levantamiento total y temporal de la clausura, la empresa Calica solicitó medidas cautelares ante un juez federal, a cuyo amparo se le asignó el número 33262057 del Juzgado Séptimo de Distrito de Quintana Roo, que ingresó el 24 de agosto pasado.
El secretario y encargado de despacho del órgano jurisdiccional, Alex Humberto Ramírez Guerrero, negó la suspensión definitiva el 5 de octubre pasado.
La disputa legal por la clausura del complejo minero de extracción y exportación de roca caliza a los Estados Unidos se mantiene como caso pendiente por resolver en el Tribunal de Arbitraje Internacional.
El procedimiento tiene el número de registro ARB/19/1 interpuesto por la estadounidense Legacy Vulcan, LLC contra el Gobierno de México desde el 3 de enero de 2019.
La participación del Tribunal se sustenta en la Regla de Arbitraje 37 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuya misión es solucionar los conflictos suscitados entre los gobiernos y las empresas a través de la conciliación y el arbitraje, respecto a los tratados de inversión, contratos y legislación.
Los demandantes son los despachos de abogados Covington & Burling, de Washington, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. de la Ciudad de México.
Como partes demandadas aparecen la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía en México, y las firmas de abogados Pillsbury Winthrop Shaw Pittman de Washington, Estados Unidos, y Tereposky & DeRose de Ontario, Canadá. Luces del Siglo/Marco Antonio Barrera
