Columna: Indicador Político Carlos Ramírez carlosramirezh@elindependiente.com.mx Foto: X @felipecalderon
La alianza del centro a la derecha en torno a la candidatura presidencial opositora está definiendo los marcos de referencia de una segunda entrega de la soberanía mexicana a los intereses geopolíticos y de seguridad nacional de Estados Unidos.
En 1991 fue el Memorándum Negroponte para establecer que el Tratado de Comercio Libre liquidaría la política exterior nacionalista de México y ahora el expresidente exiliado Felipe Calderón Hinojosa está suplicando que Estados Unidos supervise la democracia mexicana.
Las guerras en Ucrania y ahora en Israel y la franja de Gaza están determinadas por los intereses geopolíticos de la Casa Blanca. Y no debe olvidarse un elemento crucial en las relaciones México-EU: el intervencionismo directo del Gobierno de Joseph Biden en México para tomar el control de la producción y tráfico de drogas a territorio estadounidense.
Se deben agregar también las presiones del Gobierno estadounidense para imponer sus criterios de dominación sobre la economía industrial mexicana a través de reformas al Tratado que fueron cedidas por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de tal forma que México quede como una economía maquiladora al servicio de las necesidades americanas.
Y la larga lista de presiones intervencionistas de la Casa Blanca se está expresando en espacios de la crítica periodística alertando con temor de que los americanos están enojados porque México no está respondiendo a los intereses de Estados Unidos, en vista de que, por el contrario, el gobierno del presidente López Obrador está definiendo y defendiendo los intereses nacionales por encima de los de Washington.
De manera arbitraria, el Gobierno de Estados Unidos ha desarrollado presiones imperiales sobre México pero interviniendo en la soberanía mexicana: el arresto del secretario de la Defensa Nacional 2012-2018 y la posterior liberación por un abuso judicial de la DEA que el Departamento de Estado tuvo que aceptar; las amenazas del presidente Donald Trump de castigar a México con aranceles para exigir que las Fuerzas Armadas mexicanas crearán un muro de seguridad en la frontera sur y evitaran las caravanas de migrantes hacia EU; y la operación clandestina de la DEA en México para querer tomar el control directo de la lucha contra el narcotráfico, pero no para terminar con el flagelo de las drogas sino para manejar el flujo de estupefacientes que exigen los millones adictos americanos.
La política exterior de México es facultad exclusiva del presidente de la República como jefe de Estado y puede apoyarse en el Senado de la República, pero las relaciones con el exterior son puntos de definición de la soberanía territorial y política de México frente a los intereses del exterior. A México no le conviene un pleito con Rusia sólo para satisfacer el juego geopolítico de la Casa Blanca en Ucrania y menos está interesado en meterse en el conflicto histórico Israel-Palestina que sólo ha servido a los intereses de Washington.
En este contexto, la petición pública del expresidente Calderón para que Estados Unidos ingrese a México y opere-maneje-legitime el proceso electoral de junio de 2024 no es más que una expresión muy clara de esa corriente avalada históricamente por el PAN conocida como los miramares, o aquellos mexicanos que acudieron el 3 de octubre de 1863 al Castillo de Miramar a suplicarle al archiduque Maximiliano de Habsburgo que aceptara venir a gobernar a México porque los mexicanos eran incapaces de gobernarse a sí mismos.
El modelo de los miramares está desplegando todo su potencial, avalado por medios y críticos, para debilitar la soberanía nacional a partir del criterio calderonista de que México parece ser incapaz de gobernarse a sí mismo y de realizar elecciones democráticas y que por lo tanto La Casa Blanca debe hacerse cargo del Gobierno político mexicano. Y a ello, de manera ostentosa, se han sumado las corrientes del centro a la derecha que promueven –con el PAN a la cabeza– el intervencionismo político estadounidense y la corriente del ultraderechista Eduardo Verástegui que ya ha sido avalado públicamente por el expresidente Trump y que ya recibió la autorización del INE para construir su candidatura independiente, a pesar de violar los criterios de nacionalismo electoral que el INE supuestamente debería de vigilar.
En este contexto, la elección presidencial de 2024 se dirimirá entre nacionalistas e intervencionistas estadounidenses.
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Política para dummies: La política, decía Machiavelli, es el Gobierno de los intereses nacionales.
