A tan sólo unas horas de que expire el Título 42 –medida implementada por Estados Unidos a raíz de la pandemia de covid-19 para permitir la expulsión inmediata de migrantes–, cientos de indocumentados buscan, a toda costa, cruzar hacia el vecino país para solicitar asilo por las fronteras Matamoros-Brownsville y Tijuana-San Diego.
En Matamoros, Tamaulipas, los migrantes están atravesando a nado, sobre improvisadas embarcaciones y en caravana el río Bravo para llegar a territorio estadunidense, donde el aumento de vigilancia, una cerca con púas y el sobrevuelo de helicópteros tratan de impedirles el paso.
Con desesperación e incertidumbre, los extranjeros retan la vigilancia oficial, que en suelo mexicano establece sin éxito el Instituto Nacional de Migración, así como el endurecimiento de medidas por parte del gobierno de Texas, que incluye el desplazamiento de 10 mil agentes y sobrevuelos de dos aeronaves Black Hawk sobre el río Bravo.
“Ya nada más falta que le pongan electricidad al alambre, pero no importa, seguiremos pasando, es mejor eso que regresar a Venezuela a morirnos de hambre”, reprochó Justo Medina, originario de ese país.
Los cruces masivos son protagonizados en su mayoría por mujeres y niños que se internan en las aguas del río Bravo, peligrosas por las fuertes corrientes y la abundancia del lirio, en el que pueden quedar atrapados.
Aquellos que no pasan a nado desde el bordo de la avenida Tamaulipas, lo hacen sobre balsas, albercas o colchones inflables; se llega a contabilizar hasta 13 de estos utensilios en el ir y venir desde la orilla mexicana a la texana.
Hay nerviosismo por parte de las autoridades estadunidenses de que los 3 mil migrantes avecindados en el campamento que está a unos metros del puente Nuevo Internacional traten de irrumpir; por ello, dos veces al día la estructura se cierra con el objetivo de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) realicen simulacros.
Luego, se apostaron junto al segundo muro en pequeños campamentos a la espera de que llegaran los agentes de la Patrulla Fronteriza para poder “entregarse”.
Hasta ayer eran unas 200 personas las que se instalaron en ese punto; desde hace cinco días se formó del primer bloque de 90 extranjeros procedentes de países de Asia y Europa, a los que anteayer se sumó otro tanto, entre quienes se encuentran originarios de Centro y Sudamérica.
Todos se ubicaron a la altura de la colonia Alemán, en una zona de difícil acceso desde México, pero donde pudieron recibir ayuda de organizaciones no gubernamentales estadunidenses, que les brindaron agua y algunos víveres. Este martes, elementos de la Patrulla Fronteriza se acercaron a ellos para pedirles que hicieran una fila conforme al día en que llegaron.
Mientras, las autoridades de Baja California, encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, Thomas E. Reott, acompañados de personal de la CBP, tuvieron una reunión de emergencia para analizar las medidas que tomarán de manera conjunta.
De este encuentro, el único acuerdo que se conoció es que “se planteó que se agilicen los procesos de asilo para familias migrantes que enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad, así como la unificación de los puertos de entrada para solicitar asilo político a Estados Unidos en las ciudades de Mexicali y Tijuana”. La Jornada/Julia Le Duc, Mireya Cuéllar y Antonio Heras, corresponsales
