- El gobierno de Peña autorizó pagos millonarios a compañías internacionales que realizaron trabajos a medias, con retrasos y malhechos en el fallido aeropuerto de Texcoco
Milenio/Reportaje/Rafael Montes
El gobierno de Enrique Peña Nieto hizo pagos multimillonarios a empresas internacionales que obtuvieron contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que muchas de estas compañías realizaron trabajos a medias, con retrasos y mal hechos, sin que a la fecha haya una denuncia penal por ello.
Además, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) gastó recursos indebidamente a causa de malos cálculos en los materiales y servicios relacionados con la obra y hasta por compras no autorizadas.
A pesar de que han transcurrido más de cinco años de algunos de esos pagos indebidos en el proyecto del NAIM, la ASF mantiene 17 expedientes “congelados” en los que se identificaron posibles daños patrimoniales por un monto de mil 982 millones 41 mil 546.88 pesos.
A la fecha, la ASF no ha emprendido acciones por esos 17 expedientes para recuperar el dinero o sancionar penal o administrativamente a quienes hicieron mal uso de esos recursos.
Esos más de mil 982 millones de pesos forman parte de los 710 expedientes de irregularidades en 45 dependencias que, durante el sexenio de Peña Nieto, sumaron más de 30 mil millones y que, como dio a conocer MILENIO el pasado 23 de enero, la ASF mantiene “congelados” sin que proceda a denunciarlos para castigar a quienes hicieron mal uso del dinero.
Los 17 expedientes “congelados” del NAIM se suman a otros 94 del mismo proyecto, que en conjunto suman más de 9 mil millones de pesos y que, aunque no están “congelados” porque sí han sido denunciados administrativamente por la ASF, tampoco han llegado a la instancia penal, la Fiscalía General de la República (FGR).
“En seguimiento”
El 1 de diciembre de 2014, dos años después de que asumió el cargo el presidente Peña Nieto, se firmó uno de los primeros contratos plurianuales para echar a andar el NAIM, que sería una obra emblemática de ese sexenio.
El monto más cuantioso por el que actualmente la ASF mantiene una investigación “en seguimiento” deriva de ese contrato.
El GACM, instancia encargada de echar a andar el proyecto del nuevo aeropuerto, contrató a FP-FREE, S. de R.L. de C.V., firma que fungió como representante del consorcio formado por Servicios Smart FREE a tu Nivel, S.A. de C.V. y Foster + Partners Limited.
El consorcio fue contratado para encargarse de los proyectos ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) del edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos, la torre de control y centros de operaciones del NAIM, así como el acompañamiento a las obras.
Entre 2016 y 2017, FPFREE debió haber entregado la documentación con el diseño de al menos 11 áreas de la terminal, pero no fue así.
El consorcio solo entregó informes de avances parciales, contraviniendo lo establecido en el multimillonario contrato.
A pesar del atraso, la compañía sí cobró en esos primeros años 704 millones 155 mil 801.30 pesos, un pago que, al no corresponder con el trabajo que le había sido encomendado, fue señalado como un presunto daño patrimonial por la ASF.
Han pasado ya más de cinco años desde que ese gasto irregular se hizo por parte del GACM y a la fecha no ha sido subsanado y la ASF tampoco lo ha denunciado ni administrativa ni penalmente.
Esa irregularidad es similar a la ocurrida en el contrato plurianual firmado con la empresa Parsons International Limited, radicada en Emiratos Árabes Unidos, que fue contratada el 9 de octubre de 2014 para encargarse de la gerencia del proyecto del NAIM, a la que se pagaron indebidamente mil 9 millones 366 mil 670 pesos.
Como FP-FREE, Parsons también incumplió con la entrega de sus trabajos en los plazos acordados, pero los expedientes también están “congelados”.
La labor principal de Parsons tuvo que ser brindar asesoría y apoyo para el desarrollo de los trabajos, monitorear y dar seguimiento a las actividades relevantes, así como identificar riesgos o atrasos que pudieran incidir o generar efectos adversos en el proyecto.
Al 31 de agosto de 2018, fecha de la auditoría, la empresa tenía que haber elaborado una serie planes de gestión, dictámenes, reportes y opiniones técnicas, entre otros, pero no estuvieron completos.
Tampoco presentó los informes completos de soportes técnicos y administrativos, acompañamientos, gestiones, asesorías y análisis para los que fue contratada.
La ASF encontró que los trabajos no habían sido realizados según el programa y no pudo comprobar la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal que fue contratado.
Por otra parte, al grupo de empresas Operadora Cicsa, Constructora y Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, La Peninsular Compañía Constructora, Operadora y Administración Técnica, Acciona Infraestructura México, ICA Constructora de Infraestructura, entre otras, también se les hicieron pagos indebidos por trabajos no concluidos.
La ASF identificó un probable daño patrimonial por más de 82 millones de pesos por pagos a ese grupo de compañías debido a que “la cantidad de obra ejecutada al cierre del ejercicio 2018 es menor a la de los anticipos otorgados”.
Otras irregularidades que contribuyen a engrosar el monto de más de mil 900 millones de pesos son pagos de sueldos superiores a los autorizados, cargos adicionales a los precios unitarios sin autorización, pagos por trabajos de supervisión que no exigieron corrección de errores, servicios duplicados y de supervisión sin reportes, compra de acero que no estaba considerado, contratación de mano de obra especializada y hardware y software operacional a destiempo, entre otros.
