La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, confirmó que hay procedimientos penales y administrativos abiertos en contra de taxistas de Cancún que infringieron la ley y reglamento, al agredir a operadores de UBER y participar en el bloqueo a la zona hotelera de este polo turístico.
Señaló que en lo que corresponde a Movilidad y mientras se llevan a cabo las investigaciones, ya se han suspendido algunas concesiones, que apuntan a que se les rescindan.
Acotó que existen demandas ya interpuestas que se están atendiendo por dos vías, porque en el tema de las agresiones, éstas son del orden penal y le toca resolver a la Fiscalía General del Estado; mientras que las de carácter administrativo corresponden al Instituto de Movilidad de Quintana Roo, donde se permite la garantía de audiencia y llamar a las partes involucradas para el desahogo de pruebas y actuar en consecuencia.
Pero la responsable de la política interna del Gobierno del Estado, afirmó que en ambos casos, tanto en la Fiscalía como en el Imoveqroo, hay carpetas de investigación abiertas y ninguna se ha detenido.
De hecho, se comenta que alrededor de 20 concesiones del servicio de transporte público en la modalidad de taxi, están en la tablita y podrían ser canceladas por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.
