Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez www.24horas.mx
A pesar de que el presidente Joseph Biden mencionó varias veces como reclamo el papel de México en el contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos, que está matando a estadounidenses por sobredosis, no hubo ningún pronunciamiento ni menos aún algún compromiso para buscar el combate al consumo de esa droga entre los adictos estadounidenses.
De muchas maneras se ha dicho en medios de comunicación que la demanda de droga determina la oferta de los cárteles y que poco se logrará tratando de arrestar y encarcelar solo a figuras de renombre del narcotráfico, sin tomar decisiones para desarticular las estructuras de contrabando, distribución y venta de droga en las calles de EU.
En 2011, el presidente Barack Obama se sacó de la chistera el argumento de las famosas organizaciones criminales trasnacionales que tienen su sede en países al sur del río Bravo, pero que -como lo ha reconfirmado muchas veces la DEA- operan con impunidad dentro de Estados Unidos y controlan la venta al menudeo de las drogas.
Un verdadero compromiso estadounidense contra el narcotráfico debiera comenzar con decisiones operativas para desmantelar a los cárteles mexicanos que dominan la distribución de drogas en 40 estados de EU, continuar con programas de comunicación para difundir el daño que causan las drogas y sobre todo combatir el consumo con toda la estructura de seguridad que existe.
Sin embargo, EU quiere que los demás países destruyan las estructuras del narcotráfico en otras naciones, pero manteniendo la existencia de millones de adictos que consumen todos los días drogas y que éstas sean suministradas por los mismos cárteles mexicanos y sudamericanos.
Mientras Estados Unidos no combata el consumo, los cárteles seguirán creciendo.
ZONA ZERO
La denuncia de Canadá sobre la inseguridad en México y la advertencia a sus nacionales para impedir la visita turística a 14 estados mexicanos cayó como un balde de agua fría en la visita de Estado del premier Justin Trudeau, pero se le dio una lectura de estrategia económica para obligar al Gobierno mexicano, y sobre todo al presidente de la República, a atender las quejas de empresarios canadienses que denuncian parcialidad e institucional en la congelación o anulación de contratos dentro del Tratado de Libre Comercio para beneficiar a la CFE.