Silvia Reyes
La asociación civil Observatorio Quintana Roo ventiló presuntos actos de corrupción del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Cancún, al firmar con una empresa privada un contrato de arrendamiento para la instalación de 20 módulos comerciales en áreas públicas de la zona hotelera de este destino turístico, a un precio muy por debajo de la media nacional.
A través de un comunicado, la asociación civil señala que en el mes de marzo trascendió que Fonatur había autorizado la construcción de unos módulos sobre las áreas de tránsito peatonal y en las playas públicas en la zona hotelera de Cancún; ante esta noticia los sectores involucrados en el turismo solicitaron información sobre estas autorizaciones, el municipio de Benito Juárez negó que estuviera enterado y aprobado algún proyecto en este sentido.
A través de un comunicado, Observatorio Quintana Roo detalla que por ser de interés público, el Observatorio Quintana Roo A.C. solicitó ante el Instituto Nacional de Transparencia la información del contrato otorgado para conocer sus alcances y condiciones. Es de llamar la atención lo benéfico que se dan a estas peticiones alejadas de toda planeación urbana y en evidente contradicción con las atribuciones de las autoridades locales, estatales y municipales.
De acuerdo con la información que obtuvo la asociación, a través de una solicitud a Transparencia, cada módulo ocupará un espacio de 4 a 9 metros cuadrados, con una renta mensual de 7 mil 500 pesos. De acuerdo a este organismo empresarial, esto equivale a un pago de 900 pesos por metro cuadrado “toda una oferta” en consideración al nivel de rentas de la zona.
Además, estos 20 espacios han sido entregados en arrendamiento a la empresa Comercializadora Jeter S. A. de C. V. (nombre comercial “Walkins Boxshop”), representada por José Antenor Ancona Rodríguez, presidente de “Grupo Gremol”, propietaria de los medios En Cambio y 5ta Avenida.
En estos módulos podrá venderse cualquier producto lícito, incluidos alimentos o boletos para servicios turísticos, para lo cual deberá obtener los permisos de las autoridades correspondientes.
El contrato, firmado en enero, tiene una vigencia de cinco años, y fue rubricado por la ahora exencargada de despacho del Centro Integral Planificado (CIP) Cancún de Fonatur, Miren Eukene Vicente Ertze, poco antes de terminar su gestión.
Se autorizan siete módulos, de los 12 solicitados por el arrendatario. Están junto a Playa Delfines, Bar Cotorritos, Playa Tortugas, Chedraui Cuchilla, Hotel JW Marriot, Explanada Mortero y junto al Bar Abolengo.
La asociación criticó las consideraciones especiales brindadas a esta empresa, originaria de Tabasco, tanto por la renta fijada, como por indicar que Fonatur esperará a que el arrendatario obtenga los permisos municipales.
Además, el plazo otorgado no coincide con el término de la administración federal y no parece existir ninguna autorización de algún órgano, fuera de la propia encargada de despacho.
Preocupa que estos espacios sean una competencia desleal para los comercios establecidos, y que en ellos puedan ofertarse los ilegales vapeadores (actividad de la empresa “Walkins Boxshop”), y el que Fonatur expida constancias de uso de suelo sin consideración por los instrumentos de planeación urbana.
