Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez seguridadydefensa@gmail.com
El reciente fin de semana acumuló, como otros en los últimos meses, evidencias de inseguridad que parecen haber rebasado a las autoridades:
-En Ensenada, Baja California, un grupo armado con metralletas rafagueó a asistentes y asesinó a diez personas.
-En Zacatecas, una de las zonas calientes del crimen organizado, secuestraron a un primo de la familia Monreal.
-Las extorsiones se han multiplicado en Ciudad de México ante la impotencia policiaca.
-Una mujer asesinó a su violador y fue arrestada por abuso de la defensa propia, pero ante la protesta social fue exonerada por la Fiscalía mexiquense.
-En Jalisco una partida de la Guardia Nacional fue atacada y dos de sus miembros fueron asesinados.
-En Ciudad Juárez estalló, en un acto de terrorismo, una bomba molotov en un cine. –
Y nada menos que en la autopista y en la carretera federal México-Cuernavaca, falsos miembros de la Guardia Nacional instalaron retenes para asaltar automovilistas, en un acto de audacia que mostró, en las goteras de la capital de la República, cómo el crimen organizado tiene capacidad para realizar este tipo de actos delictivos.
Aunque estos delitos pudieran ser considerados de fuero común -es decir: de responsabilidad directa de las autoridades locales-, de todos modos, revelan que la estructura de seguridad no tiene capacidad o carece de decisión para realizar acciones operativas de prevención o de investigación posterior, en el entendido de que delitos locales tienen una visibilidad nacional que revela que el crimen opera con impunidad.
ZONA ZERO
Uno de los delitos que está afectando la confianza ciudadana y empresarial en Ciudad de México es el de las extorsiones, presuntamente en nombre del Cártel Jalisco, pero con datos de que se trata de delincuentes oportunistas que aprovechan el pánico social. Miles de negocios en la capital están pagando protección ante el desconocimiento de resultados de la Policía Metropolitana frente a esta actividad delictiva. La extorsión telefónica se ha multiplicado con evidencias de que los delincuentes investigan a sus presuntas víctimas para una mayor intimidación. Las extorsiones presenciales y telefónicas atomizan el delito, pero no se sabe si las autoridades tienen operativos para combatirlas.
