- En Auditoría 2021 faltan 62 mmdp por aclararse
La Auditoría a la Cuenta Pública 2021, entregada ayer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene 61 mil 840 millones de pesos por aclarar, de los cuales solo por el gasto federalizado suman 52 mil 211 millones de pesos, que entre otros abarca temas de seguridad, salud, educación, infraestructura social y participaciones federales.
En su mensaje al entregar a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados los resultados de la fiscalización, el auditor superior, David Colmenares, detalló que desde 2018 se han presentado 242 denuncias de hechos derivadas de las revisiones de las cuentas públicas de 2012 a 2020, haciendo un monto por cerca de 25 mil millones de pesos y más de 203 millones de dólares.
“En particular en los últimos seis meses, septiembre de 2022 a la fecha, se han presentado 34 denuncias que involucran más de siete mil millones de pesos precisando que en su mayoría dichas denuncias corresponden a las revisiones de las cuentas públicas de 2016 a la fecha. “En esos casos se han presentado 12 denuncias relacionadas con las cuentas públicas 2019 y 2020 en las operaciones de Segalmex durante ese período”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Pablo Angulo (PRI) dijo que los próximos días se convocará a análisis de parte los diputados integrantes de la comisión para revisar cada uno de los resultados que les entregó la Auditoría Superior.
Cuestionado sobre las observaciones de la ASF a programas sociales, de educación, salud e infraestructura, el legislador consideró que “sin lugar a dudas el país sigue enfrentando una enorme corrupción, eso es un hecho innegable”.
“Lo que estamos haciendo es exigir a la Auditoría Superior de la Federación que combata esa corrupción que hoy existe, que no es de este gobierno, que lo decimos y lo advertimos, ha sido un tema en México, y lo que he dicho siempre como presidente de la Comisión de Vigilancia, indistintamente del partido político al que pertenezca cualquier funcionario, tiene que aplicarse la ley, y quienes hayan hecho mal uso del recurso público tienen que pagar las sanciones y las condenas”, señaló. 24 HORAS/Jorge X. López
