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viernes 22 noviembre 2024

Jueza frena entrega de Florian Tudor al gobierno de Rumania

Una jueza federal concedió una suspensión provisional la cual impide su entrega al gobierno de Rumania al presunto líder de una red criminal que operaba en el Caribe Mexicano, Florian Tudor, acusado de sustraer más de mil 200 millones de pesos de cajeros automáticos,

Ruby Celia Castellanos Barradas, jueza Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite una demanda de garantías presentada por el ciudadano de origen rumano, quien aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resolvió conceder su extradición al mencionado país europeo.

La suspensión es para el efecto de que no sea entregado al Estado solicitante y quede a disposición del juzgado de amparo en la Ciudad de México, por lo que hace a su libertad personal, en el lugar donde se encuentra recluido y a disposición de la autoridad correspondiente, para la continuación del procedimiento de extradición.

A fines del año pasado, un juez federal rechazó amparar a Florian Tudor, quien busca abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y enfrentar su proceso de extradición en libertad.

El rumano impugnó que Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, se negó a fijar una audiencia que solicitó para cambio de medida cautelar.

El 27 de mayo de 2021, la Fiscalía General de la República detuvo a Florián Tudor, “en cumplimiento de una solicitud de detención con fines de extradición formulada por el gobierno de Rumania, por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado”.

La investigación se extendió a 20 empresas, algunas fantasmas, por supuestos nexos con el cártel del rumano Florian Tudor. Al grupo delictivo –que opera en 14 estados de la República y transfiere dinero ilícito a Estados Unidos, Países Bajos, Suiza, Bulgaria, Panamá, España, Hungría y Rumania–se le atribuyen delitos como fraudes cibernéticos, lavado de dinero, explotación sexual, extorsiones y sobornos a funcionarios y medios de comunicación, según Contralínea.

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