La mandataria de Quintana Roo, Mara Lezama, presentó iniciativas con las que propone la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estatal para perseguir el lavado de activos; una reforma a la estructura y creación de nuevos puestos directivos y fiscalías de la Fiscalía General del Estado; y el reconocimiento de la dignidad humana y el derecho a una buena administración pública en la Constitución local.
Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, acudió al Congreso del estado para entregar las iniciativas que tienen por objetivo el fortalecimiento de la administración pública.
En una de las iniciativas indica que el lavado de bienes o activos implica la acción de disfrazar el origen ilegítimo o ilícito de bienes, recursos, activos o derechos que fueron adquiridos mediante la comisión de delitos federales o del fuero común, así como cualquier infracción a disposiciones de naturaleza fiscal o administrativa.
Propone incluir en el Código Penal del Estado los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para permitir la investigación amplia de riquezas o bienes, sin importar su naturaleza, para determinar si su procedencia es lícita o no, y que se castigarán con de 5 a 15 años de prisión.
En estas acciones de investigación participará una Fiscalía Especializada, pero también la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), que operará una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La iniciativa dice que “con este tipo penal toda persona que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio del estado de Quintana Roo, y de éste hacia otras entidades federativas, cualquier tipo de recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, a sabiendas, serán sujetos al proceso de investigación judicial.
Este precepto también pretende abarcar el ocultamiento o encubrimiento de la situación de los bienes, tanto su origen, ubicación y destino, como a quien pretenda esconder la verdadera titularidad o el beneficiario final de los recursos motivo de la investigación. “De esta manera se pretende desalentar que existan entre las personas asociaciones que pretendan disfrazar la ilegalidad de la procedencia de tales activos”.
A las y los servidores públicos que incurran en cualquiera de los supuestos de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se les podrá aumentar la pena hasta una mitad más, además de imponer la inhabilitación por el mismo tiempo al que se les haya sentenciado, periodo que comenzará a correr una vez hayan compurgado la pena de prisión.
Además, se propone la creación de 18 fiscalías especializadas en: Combate a la Corrupción; Asuntos Internos; Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; Delitos Electorales; Feminicidio; entre otras.
Las tres iniciativas de la gobernadora Mara Lezama fueron ingresadas formalmente por la XVII Legislatura en su sesión de este miércoles y turnadas a las comisiones correspondientes para su dictamen.
