Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez @carlosramirezh
La decisión más importante de la cumbre sobre fentanilo en Washington fue el aumento de recompensas y el ampliado de nombres de presuntos narcos mexicanos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco que fueron señalados como responsables de la producción, contrabando y venta de esa droga homicida dentro de Estados Unidos.
No se tratará de una nueva estrategia, sino de regresar a la aplicada por el presidente Felipe Calderón en su sexenio cuando le declaró la guerra al narcotráfico y dedicó toda la fuerza del Estado a perseguir y arrestar a los principales capos, aunque el relevo escalafonario nunca disminuyó el volumen de la droga.
México no tuvo la decisión en la Cumbre de levantar su voz para denunciar que la demanda de droga por adictos estadounidenses es la que determina el funcionamiento de los cárteles de producción y de contrabando; ni tampoco tuvo la decisión de revelar que los cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa son los responsables dentro de Estados Unidos de contrabandear la droga, distribuirla en todo el territorio americano y venderla en las calles.
Es decir, que la DEA estará dedicando toda su fuerza a perseguir narcos en México, pero permitiendo su fortalecimiento dentro de EU. Las autoridades americanas deben la explicación de cómo fue que nueve cárteles mexicanos, sobre todo los de Jalisco y Sinaloa, tengan estructuras poderosas dentro de Estados Unidos para vender la droga.
La decisión de perseguir narcos en México y aumentar la lista de los “más buscados” es la fórmula más rápida para incrementar la violencia criminal en México, porque las estructuras de los cárteles van a sustituir a los capos arrestados, pero no van a dejar de funcionar como estructura al servicio del tráfico de drogas hacia EU.
ZONA ZERO
Las evaluaciones anuales de la DEA tienen un mapa muy preciso de las ciudades donde el tráfico de drogas -sobre todo el fentanilo- funciona dentro de Estados Unidos en 44 de los 50 estados, pero sin que se conozca ninguna operación para desmantelarlos, para identificar sus estructuras de dirección criminal o para ir cerrando los espacios públicos de venta de droga que funcionan al amparo del derecho individual a la drogadicción. En este sentido, la corresponsabilidad por los muertos por sobredosis no solo es de los cárteles, sino de las autoridades estadounidenses que han permitido esas estructuras del narcotráfico en su territorio
