Nuevamente ambientalistas se manifestaron este miércoles en contra de la construcción del cuarto muelle de cruceros en Cozumel; aseguran que este proyecto pone en riesgo los arrecifes de coral que se ubican frente a la isla; demandan que las autoridades locales velen por intereses de la comunidad.
Cozumeleños y extranjeros residentes se presentaron en la sesión solemne que se llevó a cabo en el parque Quintana Roo; y con pancartas y gritos, demandaron que no se lleve a cabo ese proyecto, a pesar de que un juez federal ya dio el visto bueno para estas obras.
El cuarto muelle se proyecta donde se ubica el “único arrecife costero” de Cozumel, y es una zona de conservación, existen por lo menos 20 especies de coral en la zona donde se pretende construir el muelle.
La construcción de este cuarto muelle, es un proyecto de la empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V. de José Enrique Molina Casares, ha sido un tema de controversia desde su anuncio en 2022, y desde ese año, ciudadanos emprendieron su lucha para evitar esta obra; presentaron un amparo que el Juez Tercero de Distrito con sede en Xalapa suspendió, supuestamente porque los quejosos no eran residentes.
Además de las diversas manifestaciones, los activistas subieron una petición a change.org, en donde recuerdan que los ecosistemas saludables y funcionales proporcionan aire y agua limpios, sustentan los sistemas alimentarios, regulan el clima, mantienen importantes ciclos biológicos y nos permiten apreciar los beneficios culturales y espirituales que obtenemos de la naturaleza.
Además de albergar especies protegidas, esa área, de importancia global por su espectacular biodiversidad, su riqueza cultural y diversidad étnica, sostiene económica, cultural y ambientalmente a su población local.
Señalan en la solicitud de change-org, que lleva más de 145 mil firmas, que los arrecifes del Caribe Mexicano están enfrentando graves amenazas, principalmente por el cambio climático global y la presión antropogénica, conduciendo a una disminución drástica en la cobertura de coral vivo y una proliferación de macroalgas, poniendo en peligro el mantenimiento de sus importantes servicios ecosistémicos, como la protección a la costa por el cambio de un sistema en crecimiento a un sistema en erosión, perdiendo la complejidad estructural que dispersa la energía de las olas y brinda refugio a numerosas especies de interés comercial.
El realizar maniobras de construcción potencialmente peligrosas (encallamiento, anclas, derrames, suspensión de sedimentos…) además del incremento de la presión puede generar impactos irreparables para un ecosistema tan complejo, tan vulnerable y tan importante para el Estado y la República.
El proceso de construcción seguramente va a ser muy similar al que se utilizó en Puerta Maya y Punta Langosta, en el cual se disminuye enormemente el riesgo de dispersión de cemento al medio ya que el colado se hace directamente dentro de los pilotes previamente colocados en el fondo marino. La etapa de construcción es el menor de los problemas, ya que no acarreará tan serios impactos como lo hará la operación.
La granja de reproducción de corales y proyectos de Conservación de Arrecife que se encuentran en esta área serían destruidos.
En los últimos años se han plantado y trabajado en restauración más de 400 mil corales, en coordinación de la CONANP con organizaciones ambientales y sociedad civil, todo este trabajo se vería absolutamente destruido por este proyecto.
En cuanto al impacto económico, los ambientalistas señalan que la riqueza no se distribuye. Mediante estrategias como las banderas de conveniencia, las navieras evaden el pago de impuestos y se amparan en legislaciones que les permiten generar empleos precarios.
La zona determinada para realizar el proyecto se encuentra fuera de la administración de API Quintana Roo, por lo que podrá evadir todos los impuestos portuarios que se cobran en los demás muelles de atraque para cruceros.
El muelle, de acuerdo con MIA, implicaría una inversión de 511 millones de pesos. Se ubicará en la costa noroeste de la isla de Cozumel, la estructura propuesta tendrá forma de L y abarcará una superficie de 1.16 hectáreas, permitirá el atraque de embarcaciones de hasta 362 metros de eslora.
Será edificado sobre pilotes de acero y losas de concreto prefabricadas y estará compuesto por un puente de acceso o pasarela y la plataforma de atraque.
Durante el evento de la XVII Legislatura, donde se entregó la medalla al mérito de Protección Ecológica “Ramón Bravo Prieto”, también se manifestaron los prestadores de servicios náuticos, para exigir que los dejen trabajar y no los quiten de su espacio en la Marina Caleta.
Los quejosos fueron abordados por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, quien prometió un acercamiento para conocer a fondo la situación y evitar mayores conflictos.
